Estas son las noticias más importantes del 16 de octubre de 2024

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), comenzó a hacer efectivo el robo de propiedades que a su juicio estén en condición de «abandono» y puedan ser utilizadas para «perturbar la paz».
La PGR declaró de «utilidad pública» un total de 35 propiedades del departamento de Managua, argumentando que estas «se encuentran en situación de abandono y podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses».
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Wendy Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, en el acuerdo argumentó, para efectuar el robo de estas propiedades, la aplicación del artículo 4 de la Ley 229, Ley de Expropiación, en el que se establece que «no podrá llevarse a cabo ninguna expropiación, sin que precedan los requisitos siguientes: declaración de que la obra, servicio o programa proyectados son de utilidad pública o de interés social; declaración de que determinado bien o parte del mismo se encuentra afecto a la utilidad pública o al interés social; fijación de la Justa indemnización; y pago en efectivo de la indemnización a quien corresponda».
Entre las 35 propiedades robadas por la dictadura Ortega-Murillo se suman 21,653.13 metros cuadrados de terreno confiscado arbitrariamente.
Lázaro García, conocido como «Julián el Monimboseño», reconocido pirotecnista de Monimbó, Masaya, y quien inventó la famosa bomba de contacto en la insurrección en 1978 contra Somoza y que fue secuestrado por el régimen sandinista en 2018, falleció el 15 de octubre a los 78 años en su ciudad natal.
García fue arrestado el seis de octubre de 2018 por policías orteguistas y presentado ante la justicia de la dictadura como “terrorista”. El monimboseño es reconocido en el país por ser el creador de la bomba de contacto que se usó para atacar a la guardia durante la revolución contra la dictadura de Somoza.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a García de utilizar esos mismos explosivos en su contra durante las protestas del 2018. El gobierno sandinista dijo que Lázaro García era el principal proveedor de bombas y morteros a los jóvenes que protestaban en Masaya y que se defendían de los ataques de la policía orteguista.

«Julián el monimboseño» fue puesto en libertad condicional (casa por cárcel) cuatro meses después de ser detenido. También fueron capturados en 2018 varios miembros de su familia, entre ellos su sobrino Danny García y su esposa Ruth Esther Matute.
El primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa confesando los crímenes que han cometido contra los nicaragüenses. Durante el acto de aniversario 45 de la constitución del Ministerio del Interior y la Policía, realizado el pasado 14 de octubre, por primera vez —desde que reconoció públicamente el funcionamiento de grupos armados parapoliciales que operaban en complicidad de la Policía y del Ejército— reveló la cantidad de «policías voluntarios» que han muerto en el país.
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Durante nuestra vida institucional, han fallecido en cumplimento de su servicio 42 hermanos, hermanas, policías voluntarios; una mujer y 41 varones», afirmó Díaz.
El funcionario orteguista no detalló cuántos de estos «policías voluntarios», denunciados a nivel nacional e internacional como «paramilitares» o «grupos paraestatales», murieron desde 2018 a la fecha. Tampoco explicó qué tipo de acciones realizaban estos «policías voluntarios» cuando fallecieron en el supuesto «cumplimiento de su servicio», aunque fue notorio que esos «policías voluntarios» que operaban en las caravanas que se desplazaron por todo el país durante la operación limpieza de 2018, en realidad eran retirados del Ejército, con experiencia de el manejo de armas de alto calibre, que fueron reconcentrados por antiguos jefe militares o incluso estuvieron atizados por el fallecido comandante Edén Pastora.
El coordinador de la Juventud Sandinista (JS), el brazo juvenil del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el municipio de San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, Moisés Antonio Miranda Valverde, resultó ser también un distribuidor de drogas en esa localidad del sur del país.
Según la publicación que realizó la misma Policía Sandinista, en su reporte semanal, que fue presentado por el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, Miranda Valverde forma parte de un grupo de 23 delincuentes que fueron capturados por distintos delitos en varios municipios del país, en la semana entre el lunes 07 y el domingo 13 de octubre de 2024.
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Según el activista ambiental y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, quien tiene información directamente de la zona, el dirigente de la Juventud Sandinista Moisés Antonio Miranda Valverde fue capturado el domingo, 13 de octubre, en San Carlos, Río San Juan, cuando se transportaba en una panga (lancha de pasajeros) que venía de San Juan de Nicaragua.
«La información que tenemos es que fue detenido por la Policía cargando unos gramos de cocaína que los transportaba en unos recipientes de Zepol (una marca de ungüento para el resfrío). Él era coordinador de la Juventud Sandinista en San Juan de Nicaragua y en algún momento fue trabajador de la Empresa Administradora de los Aeropuertos, en San Juan de Nicaragua. No sé si aún estaba activo porque ese aeropuerto no estaba en operaciones, o por lo menos se había disminuido», dijo el defensor ambiental.

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