Cuando Daniel Ortega era el líder de la oposición en 2006 y era candidato a la Presidencia de Nicaragua por quinta ocasión buscaba una reconciliación con la Iglesia católica; en esa búsqueda por ganar la simpatía de los religiosos, a quienes había atacado en la década de los 80, expresó en plena campaña electoral su respaldo a la iniciativa de penalizar el aborto terapéutico.
La Asamblea Nacional de ese entonces aprobó una reforma al Código Penal donde se prohibió toda forma de aborto, se penalizó la práctica y las leyes fueron reformadas para criminalizar a las mujeres que recurrieran a interrumpir sus embarazos.
La prohibición del aborto ha provocado que estos procedimientos se practiquen en forma clandestina, han alertado organizaciones feministas. La reforma vino a suprimir la figura del aborto terapéutico y endurecer las penas, las cuales pasaron de 10 años, como pena máxima, a 30 año, el límite constitucional de ese entonces.
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El artículo 165 del Código Penal, eliminado por la reforma, permitía el aborto terapéutico con consentimiento de la madre, un familiar cercano y el dictamen de tres facultativos del Ministerio de Salud (Minsa).
La legislación nicaragüense tenía más de 100 años de considerar el aborto terapéutico como figura legal. En la víspera electoral se derogaron las excepciones con las que se permitía que se practicara el aborto a mujeres y niñas cuya vida o salud estuviera en peligro com el embarazo y a sobrevivientes de violación, en algunos casos.
Obstáculo a los derechos reproductivos
En marzo de 2022, hace un año, una actualización sobre la situación de los DD.HH. en Nicaragua, que presentó la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michele Bachelet, recomendó al Estado nicaragüense que «modifique la prohibición total del aborto en el Código Penal para que cumpla con las normas y estándares internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Según la declaración de Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la prohibición del aborto en Nicaragua «no admite excepción alguna, ni siquiera por razones terapéuticas», obstaculiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
«El derecho humano a la salud incluye el derecho a controlar la salud y el cuerpo, incluida la libertad sexual y reproductiva, y requiere la eliminación de todas las barreras que interfieren con el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, incluso en el área de la salud sexual y reproductiva», señala el documento.
Petición de colectivos ignorada
Una iniciativa ciudadana presentada por colectivos de mujeres y feministas, presentada a la Asamblea Nacional en 2015, proponía despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer o niña embarazada, incluidos los casos de violación sexual.
Dicha propuesta contó con el respaldo de más de 6 mil personas. En abril de 2017, la Asamblea rechazó la iniciativa sin haberla sometido a debate.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección del derecho al aborto, que «limitar el acceso a un aborto seguro cuesta vidas y afecta especialmente a las mujeres de las comunidades más pobres y marginadas».
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, entonces presidente de la OMS, aseguró que «todas las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y salud. Punto y final. El aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria. Restringir el aborto lleva a las mujeres y niñas a optar por opciones menos seguras que llevan a complicaciones e incluso la muerte».
Diversos comités de la ONU han expresado su «preocupación» por el impacto de la prohibición en los derechos a la vida y salud de las mujeres y niñas. Además, han pedido a Nicaragua que modifique la legislación de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Ante el hermetismo del Estado con las estadísticas oficiales, se desconoce la cantidad de aborto ilegales que se practican en el país, si existen mujeres criminalizadas y médicos detenidos o condenados.
