La organización internacional Front Line Defenders (FLD) publicó un análisis global sobre las tendencias violentas y represivas desatadas contra los defensores de derechos humanos comunitarios. Según el informe, Nicaragua ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en mayor número de asesinatos de activistas territoriales, con un total de nueve muertes.
En su programa digital En Contacto, el periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro, entrevistó al ecologista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, para analizar la información presentada por FLD y profundizar en la situación actual para los defensores humanitarios nicaragüenses.
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«Estos reportes son anuales y ellos tienen todo un equipo que monitorea las regiones y los países. Las organizaciones locales también proveemos información y evidencia de lo que está sucediendo en estos territorios, para que sean señalados en este informe. Al menos tres organizaciones colaboramos con esta información sobre los asesinatos que están ocurriendo en Nicaragua, particularmente en la región del Caribe nicaragüense», señaló el ambientalista.
Aunque Nicaragua ocupa el séptimo puesto a nivel mundial, es la segunda nación de Centroamérica con más asesinatos contra líderes comunitarios, solamente superada por Honduras (19 muertes). Ruiz advirtió que «eso es sumamente preocupante», porque estos crímenes «están ocurriendo en todo el mundo, y sobre todo en Estados que no tienen mecanismos ni voluntad política para la protección de los defensores del territorio».
Ruiz indicó que una de las principales tendencias represivas es «la criminalización de la labor que realizamos los defensores de derechos humanos». «Defender derechos no implica una exposición o no necesariamente tiene que ver con fomentar la violencia, sino utilizar todas las herramientas democráticas, las garantías legales y constitucionales para defender esos derechos», agregó.
Asesinatos en Nicaragua
En el caso de Nicaragua, las víctimas asesinadas fueron identificadas por FLD como Yesmin Jacobo Lázaro, Lenin Vílchez Patrón Flores, Alberto Castillo Palacios, Jorge Enor Palacios, Manuel Morgan Díaz Palacios, Bernabé Palacios Hernández, Sergio Julián Juan, Serato Juwith Charly y Clen Dixon Fernández.
«La mayoría de ellos son mayangnas y miskitos que fueron atacados por colonos en la gira que habitualmente hacen en verano, por lo general de monitoreo sobre sus territorios», precisó el director de Fundación del Río.
Sin embargo, Ruiz señaló la posibilidad de que los datos recopilados sean un «subregistro», es decir, «que haya familias que no denuncian los ataques, ni los familiares asesinados». «Esto ocurre en territorios mixtos, que tienen menor nivel de contacto con las telecomunicaciones en Nicaragua, y que puede implicar cierto riesgo. El fenómeno que nosotros vemos puede ser mucho mayor al que está ahí», sostuvo.
Además de documentar la muertes, el análisis también recopila una serie de violaciones de los defensores, por ejemplo, «los que resultan heridos o que han sido mutilados por los ataques criminales en algunas de sus partes». Entre las agresiones a nivel mundial figuran arrestos arbitrarios (15%), acciones legales (13%), amenazas de muerte (10%) vigilancia (9.8%) y agresiones físicas (8.5%).
En Nicaragua, existen dirigentes indígenas, cuidadores de la tierra y defensores líderes comunitarios que están encarcelados injustificadamente. «Se ha suministrado información de al menos 13 personas indígenas detenidas. Ocho de ellos son guardabosques comunitarios, dos de ellos son personajes políticos (los diputados Nancy Henríquez y Brooklyn Rivera) y los otros dos están vinculados a los gobiernos territoriales mayangnas», denunció el activista ambiental.
Los peligros de ser defensor
Ruiz consideró que, particularmente en la región centroamericana, «el tema de luchar por los derechos se ha convertido en un nivel de riesgo que antes no percibían los defensores ambientales. Desde las protestas protestas contra el Canal Interoceánico y luego por la Reserva Indio Maíz, hay un alto grado de exposición de los defensores ambientales».
«Nicaragua es un país realmente pequeño, pero tiene una incidencia de violaciones a los derechos y a la vida que son sumamente preocupantes en una labor de protección del bien común», lamentó el director de la Fundación del Río.
No obstante, informes como el presentado por FDL «permiten la comparación a nivel mundial, regional y latinoamericano». «Es una apuesta importante y una respuesta a los orígenes que están causando esto, porque sabemos que el Estado nicaragüense hace omisión de los informes, pero otros en otros estados esto genera una alerta», agregó el ecologista.
Ruiz comentó que este tipo de informes son «instrumentos regionales que nacen, precisamente, por las tendencias que se ha visto en la región centroamericana y latinoamericana del aumento de los procesos de violación a los defensores ambientales, que incluso los llevan a perder la vida».
El ambientalista destacó que el reporte «no habla si sos de izquierda o de derecha, lo que analiza son los datos y los hechos». «En Nicaragua siento que todavía hay temor de denunciar todas las barbaridades que está haciendo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero (el informe) al menos evidencia la tendencia que hay con los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes», sostuvo.
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La organización defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Nicaragua Prilaka Community Foundation denunció que en los últimos meses se ha registrado en el Caribe del país un «preocupante aumento y aceleración» en el proceso de invasión y colonización de los territorios indígenas, con la agravante que está siendo avalada y hasta patrocinada por instituciones estatales ligadas el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El organismo advierte a la comunidad nicaragüense e internacional que las comunidades indígenas están viviendo una situación de «crisis humanitaria» dado el proceso de invasión violenta que ha provocado una desbordada inseguridad ciudadana, asesinatos y secuestros de comunitarios, el encarcelamiento de dirigentes locales y el desplazamiento forzoso de comunidades enteras.