La organización defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Nicaragua Prilaka Community Foundation denunció este fin de semana que en los últimos meses se ha registrado en el Caribe del país un preocupante aumento y aceleración en el proceso de invasión y colonización de los territorios indígenas, con la agravante que está siendo avalada y hasta patrocinada por instituciones estatales ligadas el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación independientes, Prilaka expuso que en las últimas semanas se han registrado «hechos violentos» protagonizados por colonos invasores contra comunitarios autóctonos, en el territorio Wangki Twi Tasba Raya, del municipio de Waspam, Río Coco, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), por lo que se declaran «consternados y preocupados», principalmente porque la violencia es parte del avance de la invasión a las tierras misquitas del norte del país
La organización advierte a la comunidad nicaragüense e internacional que las comunidades indígenas están viviendo una situación de «crisis humanitaria» dado el proceso de invasión violenta que ha provocado una desbordada inseguridad ciudadana, asesinatos y secuestros de comunitarios, el encarcelamiento de dirigentes locales y el desplazamiento forzoso de comunidades enteras.
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Asimismo, acusan al Gobierno, que preside el dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, de ser continuador de un proceso de «incorporación y colonización forzosa» como parte de un proyecto político que inició hace casi 130 años, en 1894, con la incorporación de la mosquita a Nicaragua, ejecutada por el entonces presidente liberal José Santos Zelaya.
Prilaka sostiene que los habitantes de los territorios indígenas viven un estado de terror, en el que sufren «asedio y amenazas» con un alto grado de riesgo para la vida en las comunidades, «las cuáles se ven mermadas en sus estructuras de gobiernos tradicionales, su salud, su cultura, y su economía comunitaria y familiar». Todo esto ha provocado que muchas familias estén desplazándose en busca de refugio hacia otros municipios como Waspam, Bilwi, el interior del país e incluso a países de la región centroamericana o Estados Unidos, para garantizar su seguridad.
«Las comunidades exigen justicia ante los casos de asesinatos que aún no se han resuelto y están impunes, y el saneamiento de su territorio, como condición necesaria e irrenunciable para vivir en paz, según sus propias costumbres y tradiciones», dice el comunicado.
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Asimismo, denuncian que en los últimos meses han detectado «un aumento de casos en la invasión de tierras, legitimados y avalados por la imposición de líderes que figuran como los tomadores de decisión en los territorios».
De igual manera, expresan su rechazo a los «dirigentes impuestos por la fuerza» en los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) y la necesidad urgente de restituirlos porque «no representan los intereses ni las decisiones de las comunidades, sino a los colonos y al proyecto de colonización cultural».
Prilaka expresa el repudio generalizado entre las comunidades de la Costa Caribe Norte ante «el accionar del Gobierno (sandinista) en legitimar el control territorial y que a su vez amenaza con la integridad de la vida de los habitantes de las comunidades».
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«Instamos a las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales a estar más atentos a la situación que está ocurriendo en las comunidades del Caribe Norte de Nicaragua. Al mismo tiempo nos pronunciamos por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua, la libre determinación y el legítimo derecho de la autonomía de los pueblos, garantizando la justicia, reparación y no repetición», expresan los defensores de las comunidades autóctonas caribeñas.
Finalmente, piden a la comunidad internacional utilizar sus mecanismos diplomáticos e insistir en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado nicaragüense en materia de conservación de los bosques, mitigación y adaptación al cambio del clima y en el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
