BCIE estaría impulsando una investigación por supuesto «fraude y corrupción» contra Dante Mossi

El amigo del dictador Daniel Ortega, y quien fuera el principal gestor de financiamiento, para el régimen de Managua, Dante Mossi, estaría siendo investigado por instancias internas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por presuntas acciones de «fraude, colusión y corrupción» durante su mandato como presidente ejecutivo de esa entidad bancaria regional.

El medio de comunicación El Mundo, de Costa Rica, citando fuentes internas del BCIE, informó esta semana que los procesos de investigación administrativa contra Mossi avanzan, luego de una serie de denuncias presentadas en su contra.

Dante Mossi, quien se desempeñó como presidente ejecutivo del BCIE entre 2018-2023. fue señalado por la oposición nicaragüense de haberse convertido en un sostén económico para la dictadura Ortega-Murillo a la que le facilitó la obtención de financiamientos millonarios para obras de infraestructura social, pero que, según los opositores nicaragüenses, Ortega utilizaba para escalar la represión.

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Según la información obtenida por el medio tico, la investigación podría concluir este mismo año y los resultados, de ser contrarios al expresidente de la institución, podría ser incluido en en la «lista de contrapartes prohibidas de la banca multilateral».

Eso significa que, de ser ese el resultado, Mossi no podría participar como funcionario, oferente o proveedor, en las operaciones que se financian con recursos de las instituciones multilaterales en ningún país.

Asimismo, Mossi se encuentra vetado de entrar a cualquier oficina del BCIE en los países donde tiene presencia, así como al Centro de Recreo de Empleados.

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Recientemente, el  expresidente del BCIE presentó una demanda contra la entidad financiera que lo empleó durante un lustro. La querella interpuesta por el banquero es por supuestos «daños y perjuicios en su contra», y pide que le compensen con 2,375,810 dólares.

Durante la gestión de Mossi, el BCIE le desembolsó a la dictadura sandinista unos 3,500 millones de dólares para proyectos de desarrollo, pero también financió proyectos para la Policía represiva, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad.