En el marco del sexto aniversario de las protestas cívicas del 2018, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) difundió un comunicado para denunciar que la situación que vive Nicaragua es la más grave del hemisferio occidental, debido al intenso ataque que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado contra la población.
«A seis años del inicio de la explosión civil, el Estado de Nicaragua continúa atacando a la población, agregando año con año nuevos crímenes de lesa humanidad, con la finalidad de destruir todo espacio organizado y toda voz opositora o percibida como tal», detalla el informe.
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Calidh afirmó que, hasta el día de hoy, el país «se encuentra en una acelerada persecución de los grupos específicos de la sociedad en su conjunto, sin que el ataque generalizado y sistemático haya suavizado o cedido, porque el gobierno recurre al terrorismo para paralizar moralmente a la población».
Ante este panorama de represión, el organismo humanitario propone que hay que juzgar al Estado porque «es una entidad permanente que debería ejercer la fuerza monopolicamente con las limitaciones crecientes que los tratados de derechos humanos, los principios y normas del derecho internacional inmodificable le imponen».
La organización internacional reiteró que «todos los actos cometidos desde las estructuras estatales generan una responsabilidad equivalente a una condena, cuando un tribunal u organismo se ocupa del análisis de su inadecuada actuación alejada de sus obligaciones. Los crímenes de lesa humanidad son también perpetrados por el Estado».
En este sentido, el informe destacó que el régimen nicaragüense «actualmente está sometido a diversas instancias para determinar su responsabilidad, sobre todo mediante casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)». No obstante, Calidh destacó que «un crimen de lesa humanidad es siempre una grave violación de derechos, sin embargo en el primero responden las personas a título individual ante los tribunales penales nacionales, extranjeros o de derecho internacional».
«Justo hace un año, el Centro propuso treinta medidas de justicia transicional en la que se exploraban algunos modelos de juzgamiento. En este informe continuamos pensando en estos procesos penales, donde nos anticipamos a escenarios de impunidad en el marco de que los responsables sean sometidos a los tribunales internos», aseguró el organismo.
La organización dijo que los criminales «deben ser juzgados por las conductas cometidas por delitos de lesa humanidad, porque estos y solo estos son capaces de que los jueces realicen futuros análisis legales en sus sentencias en arreglo con la inmensa naturaleza ofensiva contra las víctimas, la sociedad y la humanidad en su conjunto».
Las propuestas de Calidh
El informe propone «un modelo legal para evitar que el juzgamiento se diluya en delitos dispersos y huecos de impunidad». «Ninguna propuesta de este documento pretende ser definitiva o un estándar. Es el contexto impredecible y la lucha cívica para restaurar la democracia en Nicaragua la que indicará cómo proceder. No obstante, ni la justicia, ni la verdad ni la memoria serán dejadas al azar de los tiempos. No habrá impunidad. ¡Nunca más!», agrega la organización.
El Centro deliberó que una de las« opciones actuales para juzgar al Estado son aquellas que pueden activar las víctimas o sus familias mediante denuncias de violaciones de derechos humanos», así como «aquellas que pueden activar únicamente los estados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la base del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961)».
«Estos tratados contemplan que en el caso de existir contiendas en la aplicación e interpretación de un tratado (violación de obligaciones) pueden los estados respecto de otro Estado puede someter el caso ante la Corte», sostuvo Calidh.
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El organismo humanitario mencionó que «en caso de que se decida juzgar a los responsables en jurisdicción interna a falta de la actual contemplación de los delitos en la ley penal nicaragüense (y para evitar el argumento nullum crime, sine lege), será aplicada la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra como ley penal especial.
Esta convención refiere que se castigarán tanto en tiempos de guerra como de paz estos delitos de conformidad al del Estatuto del Tribunal de Nuremberg que señala como conductas que constituyen este estos crímenes:
«Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra (artículo 6, numeral 4)», advirtió el Centro.