El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) presentó este lunes, 11 de marzo, un detallado informe sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses. A través de sus once secciones y cuatrocientos cuarenta y seis párrafos, el reporte destaca una conclusión unánime: «la violencia estatal supera inmensamente a la de 2022».
El organismo internacional destaca que de los seis años de ataque contra los nicaragüenses, tras 2018, «el 2023 fue el peor año por la generalización definitiva de la violencia y la venganza extrema contra todos los nicaragüenses que están dentro o fuera del país». «En lo que va de 2024, parece indicar que la crisis de derechos humanos continuará exacerbada», advierte el informe.
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De igual manera, Calidh señaló que «el año pasado fue el de la multiplicación de los crímenes de lesa humanidad como método para ejercer esta violencia extrema». «Es menester tener en cuenta la gravedad y el carácter extraordinario de un crimen de lesa humanidad para poder dimensionar la venganza, también extrema, que cae sobre las víctimas», agrega.
La organización humanitaria identificó, a través del estudio de dichos patrones simultáneos, que el último objetivo del Estado nicaragüense «es la destrucción moral, mental e incluso vital de las víctimas». El reporte denuncia que «la desnacionalización, la imposición de penas por delitos políticos que criminalizan el actuar opositor, el destierro y la confiscación de bienes buscó, y aún busca, romper a las víctimas de todas las maneras posibles».
Además, Calidh recalcó que la violencia extrema busca «la anulación individual como persona tanto en el sentido subjetivo como jurídico». De igual manera, «la brutalidad de estas conductas provocará efectos irreparables aun cuando retorne la democracia».
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El Centro afirmó que existe un «patrón de perpetración simultánea de varios crímenes de lesa humanidad en un solo acto que se consolidó como nueva forma de ataque en contra de la oposición». Un ejemplo es el caso de los 222 presos políticos, «donde confluye en un solo acto el traslado forzado, la imposición de condenas masivas sin juicio previo, la desnacionalización y la apropiación ilegal de los bienes».
«Se observa con preocupación la manera pública en la que se perpetran los crímenes lesa humanidad pasando de la narrativa de negación de 2018 a la justificación y aceptación. especialmente desde el año pasado», denunció el organismo nicaragüense, desde el exilio.
Del mismo modo, Calidh destacó que «el gobierno ha recurrido a la ‘espectacularización’ y engrandecimiento mediático de los crímenes de lesa humanidad, con apariciones de los máximos dirigentes estatales generalmente el mismo día en que se perpetran estos delitos con la finalidad de causar un miedo profundo, intenso e inmovilizador en la población nicaragüense».
Aunque el informe del organismo lleva por título «Situación sobre los derechos humanos en Nicaragua 2023», la organización asegura que el panorama que describe al país es «la demolición definitiva de los derechos y libertades de los nicaragüenses». Entre los sectores más afectados por las medidas represivas lanzadas por la dictadura de los Ortega-Murillo se encuentran: los pueblos indígenas y afrodescendientes, la Iglesia católica y sus miembros, los medios de comunicación y los estudiantes universitarios.
