La Iglesia católica ha sufrido por más de dos mil años persecución de todo tipo. Ningún gobierno o poder terrenal ha podido sepultar la fe cristiana y a sus representantes en la tierra. En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo ha intentado y ha fallado. La Iglesia siempre ve pasar el féretro de sus perseguidores, le han recordado al binomio dictatorial los obispos y sacerdotes nicaragüenses.
La guerra emprendida por la dictadura contra la fe, desde el 2018, ha dejado como resultado el encarcelamiento de 55 religiosos, de los cuales han desterrado a 44 y la cancelación de por lo menos 381 organizaciones religiosas (280 evangélicas), según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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En el reportaje «La agenda oculta de Daniel Ortega y Rosario Murillo: “Descristianizar Nicaragua”» de Artículo 66, expertos sostienen que en realidad la institución está siendo «martirizada» por «un ateo» y «una bruja», anticristianos que se han disfrazado de creyentes porque tienen una agenda definida: «descristianizar» a Nicaragua.
En la historia de Nicaragua la Iglesia también ha sido perseguida, confiscada y amenazada desde que el país se independizó del Reino de España. Los gobiernos liberales y conservadores de aquel entonces fueron perseguidores de la Iglesia cuando esta decía lo que no era correcto.
Relaciones rotas
En Nicaragua, la dictadura ha ejecutado agresiones físicas a sacerdotes, obispos y quien en 2018 ocupaba el cargo de nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw; profanación de templos; el cierre de medios de comunicación de corte religioso; el encarcelamiento de sacerdotes, entre otros. Incluso rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
A esto se suman amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales, asedios y persecuciones. Exilio, expulsiones y perdida inconstitucional de la nacionalidad de religiosos, secuestros, encarcelamientos y procesos judiciales.
También profanaciones, robos, daños a la infraestructura, alteraciones a los recibos de servicios básicos, cortes de servicios básicos, inmovilización de cuentas bancarias y confiscaciones.
Además, pintas en paredes de edificios religiosos con mensajes escritos ofensivos y de odio emanados por las autoridades nicaragüenses. Sustracción ilegal de artículos de valor de los templos y edificios religiosos. La confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), el cierre de Cáritas Nicaragua y el robo de las universidades administradas por las diócesis de la Iglesia.
El seis de marzo de 2022, la dictadura expulsó del país al nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislav Sommertag, quien fungía como el delegado del Santo Padre en Nicaragua desde 2018.
El «rosario» de peyorativos de Murillo
Rosario Murillo, la vicedictadora, es la principal figura política del régimen que ha lanzado ataques virulentos contra los religiosos desde los actos oficiales o en su letanía diaria en los medios de propaganda. Se ha desparramado en epítetos y peyorativos para los sacerdotes, obispos y El Vaticano.
Los ha llamado sepulcros blanqueados, golpistas, mentirosos, ridículos, ladrones, asesinos, pastores disfrazados, conciliábulos de odio y de miseria, terroristas, soberbios, demonios, enemigos de la patria, energúmenos, falsos y blasfemos, entre otros.
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Daniel Ortega arremetió el 28 de septiembre de 2022 contra la Iglesia católica y la acusó de ser una «dictadura» y una «tiranía perfecta» y de no practicar la democracia. Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
El informe denominado «Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?», liderado por la abogada Martha Patricia Molina, pone en evidencia que el régimen de Ortega y Murillo no ha dado tregua en sus más de 600 ataques, cada vez más violentos, contra la Iglesia católica durante los últimos años, sino que los ha arreciado.
En su deriva autoritaria contra la Iglesia, la dictadura ordenó desplegar contingentes policiales en todos los templos católicos del país para asediar e impedir las más de 4 mil procesiones de Semana Santa en 2023 y 2024 para impedir cualquier actividad religiosa que se intentara desarrollar en las calles.
En 2022, previo a la prohibición de las procesiones católicas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) explicó que la persecución del régimen contra la Iglesia católica y sus sacerdotes se «agravó» en ese año, según el informe anual «Nicaragua: Se impone el terror, persiste la resistencia».
El organismo considera que la dictadura persigue el «propósito perverso» de destruir la autoridad de la Iglesia que le ha dado la ciudadanía nicaragüense a raíz de su labor pastoral en el contexto de la crisis social, política, económica y de derechos humanos.
«Este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de, daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes», analiza el Cenidh en su informe.
«Silencio prudente»
El destierro de 34 religiosos en tres tandas a Estados Unidos y El Vaticano mermó las voces incómodas contra la dictadura nicaragüense. El silencio de los obispos y sacerdotes desnacionalizados ha generado controversia en las redes sociales.
Los obispos Silvio Báez, Isidoro Mora y Rolando Álvarez; los sacerdotes Miguel Mántica, Carlos Avilés, Enrique Martínez Gamboa y Pablo Villafranca han sido voces incómodas para la dictadura previo y después de 2018. Tras su expulsión todos han guardado silencio. Incluso monseñor Báez fue llamado por el papa Francisco y desde entonces solo publica en su cuenta de X el Evangelio del día.
«La Iglesia siempre es prudente, pero hay cosas que ya no, cosas que sobresalen. Hemos tenido solidaridad. Ya el Papa se manifestó. La Conferencia Episcopal de los 80 (durante la primera dictadura sandinista) siempre defendió a la Iglesia y nunca permitió que se ofendiera a la Iglesia como se está humillando ahora», dijo a Artículo 66 un sacerdote exiliado en condición de anonimato.
El sacerdote católico recordó que en esos años se desterró a una decena de sacerdotes a un país de Centroamérica, pero eso no logró que los obispos de esos tiempos se quedaran callados. «Siempre denunciaban las injusticias que se cometían contra el pueblo», afirmó.
La fuente valora que hay un silencio que no es prudente porque los sacerdotes y obispos deben denunciar y exigirle a la dictadura que se respete a la Iglesia, al pueblo, a Dios, las cosas sagradas y la fe del pueblo, pero que, por el contrario, ahora hay un «silencio sepulcral».
«La Iglesia siempre sigue predicando aunque están prohibiendo lo más mínimo, la Iglesia está anunciando la palabra de Dios. Hay una situación muy dura en Nicaragua, la Conferencia Episcopal está muy hermética y a veces sentimos que no tenemos obispos», destaca.
La condena de la comunidad internacional
Las acciones de la dictadura han llevado a que la comunidad internacional, El Vaticano y las Conferencias Episcopales de diversos países se pronuncien en solidaridad con sus hermanos nicaragüenses. Todos han pedido al régimen que cese la represión y los ataques sistemáticos a la Iglesia, pero hace oídos sordos a las solicitudes.
El régimen Ortega Murillo ha vulnerado leyes nacionales e internacionales, en este caso, el derecho humano a la libertad de conciencia y religión contenidos en el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua; artículo 12 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles.
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La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha condenado en diversas ocasiones la actuación del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia nicaragüense.
El mes pasado, cuatro senadores estadounidenses solicitaron al presidente Joe Biden la aplicación de sanciones selectivas a operadores del régimen de Nicaragua. Los funcionarios norteamericanos expresaron su «profunda preocupación» por las repetidas violaciones a la libertad religiosa que comete la dictadura de Managua.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió en diciembre de 2022 que su país «no se quedará de brazos cruzados» ante las persecuciones religiosas en Nicaragua y Cuba. Ese mismo año el país fue incluido en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa.
Los países incluidos en el listado están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo, el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones.
