La dictadura de Nicaragua arremetió contra el Gobierno de Ecuador tildándolo de «neofascista, neocolonialista», que obedece «dictados imperiales», en una continuación de sus airadas condenas por el conflicto diplomático entre los gobiernos mexicano y ecuatoriano, luego del asalto policial a la sede diplomática azteca en Quito, donde se refugiaba un prófugo de la justicia.
En su alocución diaria, a través de los medios de la propaganda oficialista, este martes 16 de abril, la vicedictadora de Nicaragua y vocera gubernamental, Rosario Murillo, leyó el mensaje de su régimen que fue presentado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada de manera urgente por la presidenta protémpore del organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, para abordar el conflicto entre México y Ecuador.
Murillo dijo que su gobierno «reafirma su condena, denuncia, rechazo y repudio, al crimen cometido por el Gobierno de Ecuador, acto neofascista, neocolonialista, de dictado imperial, en contra de la soberanía y dignidad nacional del hermano pueblo y Gobierno de México».
El régimen sostiene, en el pronunciamiento leído por Murillo, que, al conocer estos hechos «condenables que no tienen precedente, ni pueden sentar precedente», rompieron toda relación diplomática con el Gobierno de Ecuador.
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Según Murillo, su repudio tan acentuado se da porque «Ecuador violenta el derecho internacional y se ha convertido en un Gobierno transgresor, al irrespetar e incumplir las obligaciones sobre privilegios e inmunidades de los diplomáticos, establecidos en la Convención de Viena».
Asimismo, el comunicado leído por la vicedictadora sostiene que Nicaragua condena «con firmeza y determinación» el acontecimiento de la embajada mexicana en Quito y acusa al Gobierno ecuatoriano de haber «violentando el derecho Internacional, la soberanía de México y la inviolabilidad de las embajadas y locales diplomáticos».
Hipocresía y doble moral
La furibunda reacción de la dictadura de Managua se da ante el asalto policial a la Embajada de México en Quito, que fue ordenada por el gobierno del país suramericano para sustraer de la sede al exvicepresidente Jorge Glas, condenado a penas de cárcel por corrupción y con procesos pendientes y que se había refugiado en ese recinto diplomático solicitando asilo.
El Gobierno mexicano ha sido criticado por desvirtuar la convención de asilo diplomático al intentar proteger bajo ese beneficio a un delincuente convicto.
Asimismo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido duramente cuestionada por saltar en defensa de México esgrimiendo la «inviolabilidad» de las sedes diplomáticas amparadas por la Convención de Viena, algo que los propios dictadores nicaragüenses han violado flagrantemente.
En diciembre de 2021, el régimen de Managua anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, para restablecerlas con China comunista. Acto seguido, la dictadura ordenó el asalto policial y confiscación de la sede diplomática y todos los bienes de la misión taiwanesa, incluyendo la flota vehicular y hasta enseres domésticos de la propia embajada y la residencia diplomática.
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Unos meses después, en mayo de 2022, la historia se repitió con la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos. Mientras el Canciller de la dictadura, Denis Moncada, anunciaba la expulsión de la representación del organismo regional, Ortega y Murillo ordenaban el asalto policial y confiscación de la sede de la organización diplomática.
Para esos días, el régimen Ortega-Murillo también expulsó, sin mayor explicación, al representante diplomático del Vaticano en Managua, el nuncio apostólico Waldemar Stanisław.
Sin embargo, a pesar de todas esas agresiones a la convención de Viena, los Ortega-Murillo se rasgan las vestiduras por el conflicto México-Ecuador y pretenden mostrarse como respetuosos del derecho internacional.