La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 21 de marzo a la procuradora general de la dictadura de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, «por ser cómplice de la opresión del régimen Ortega-Murillo» contra la ciudadanía.
En un comunicado emitido por El Tesoro estadounidense se informa que la operadora política de la dictadura de Managua fue sancionada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, que apunta a un actor clave en la «injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil dentro del país»
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La designación del Departamento del Tesoro Norteamericano apunta a que Morales, «en concierto con el régimen Ortega-Murillo, ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal», detalla el informe oficial emitido por el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera, Brian Nelson.
Asimismo, afirmó que, con esa acción, su gobierno reitera «su apoyo permanente al pueblo nicaragüense, que continúa rechazando valientemente el autoritarismo del presidente Ortega y su círculo íntimo».
La administración de Joe Biden, al imponer la sanción contra la funcionaria orteguista en complicidad con el régimen Ortega-Murillo, ha utilizado su cargo para facilitar la represión contra la oposición y confiscar sus propiedades sin base legal.
Wendy Carolina Morales Urbina fue nombrada por el dictador Ortega como procuradora general de la República el 10 de mayo de 2019. El Departamento del Tesoro señala a Morales Urbina de ser responsable de permitir que el régimen Ortega-Murillo «robara bienes inmuebles que anteriormente pertenecían a medios de comunicación independientes, organizaciones internacionales y presos políticos».
Diferentes representantes de sectores nicaragüenses han rechazado, condenado y expresado su solidaridad con los políticos de Venezuela ante las acciones del dictador Nicolás Maduro. El régimen del país suramericano ordenó inhabilitar a María Corina Machado, la principal candidata de la oposición; en encarcelamiento de su equipo; la cancelación de cinco partidos políticos y el control absoluto del tribunal electoral.
Diversos dirigentes de la oposición de Nicaragua consideran que Nicolás Maduro está siguiendo el guion de Daniel Ortega. El dictador de Managua arrestó en 2021, en la víspera de las elecciones presidenciales, a siete aspirantes presidenciales y canceló partidos políticos, entre otras medidas represivas.
Juan Sebastián Chamorro, exaspirante presidencial y desterrado político, afirmó en X que «a como lo hizo el dictador (Daniel) Ortega en el 2021 con la oposición, Maduro está deteniendo arbitrariamente al equipo de María Corina Machado. El mismo guion cubano. Mi solidaridad Venezuela».
Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó las detenciones arbitrarias y las órdenes de arresto emitidas contra miembros de la oposición democrática en Venezuela.
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«Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente», escribió en su perfil de X.
Nicaragüenses exiliados y la diáspora en Washington, Estados Unidos, se manifestaron en las afueras de la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) para protestar y demandar al organismo multilateral el fin del apoyo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los manifestantes señalan que el FMI ha respaldado las políticas macroeconómicas del régimen de Ortega y Murillo, «ignorando de manera inaceptable las graves violaciones a los derechos humanos en el país».
«Los informes recientes del FMI han llegado al extremo de aplaudir supuestos avances en el control del lavado de dinero, ignorando la represión continua y el cierre masivo de organizaciones cívicas, de derechos humanos y religiosas por parte del régimen», destacan en un comunicado distribuido a los medios de comunicación independientes.