Se acercan las principales actividades de Semana Santa y en diversas comunidades de Nicaragua los feligreses conmemorarán estas fechas sin sus pastores. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su cruzada antirreligiosa, ha ordenado el destierro de 34 sacerdotes, entre ellos dos obispos, que tenían a cargo diócesis, capillas, parroquias, universidades y medios de comunicación religiosos.
El régimen acumuló un total de 32 sacerdotes y dos obispos desterrados a Roma y Estados Unidos, la mayoría fueron sometidos a la cárcel por varios meses, padecieron hambre, enfermedad, sed, no recibieron la luz del sol y les impedían el ingreso de medicina.
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Cinco sacerdotes enviados a EEUU
El nueve de enero de 2023 se registró el primer destierro masivo, que fue acompañado de desnacionalización y confiscación de 222 presos políticos. En ese grupo viajaban cinco sacerdotes, todos fueron enviados a Washington. La embajada de Estados Unidos en Managua coordinó la «Operation Nica Welcome» para recibir a los opositores.
Los sacerdotes desterrados son: Benito Enrique Martínez Gamboa, de la Arquidiócesis de Managua; el padre Óscar Benavides de la Diócesis de Siuna; el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González.
Los 12 enviados a El Vaticano
El 18 de octubre de 2023 se registró el primer destierro de solo sacerdotes, la dictadura iniciaba un nuevo capítulo en la guerra contra la Iglesia católica nicaragüense. En ese nuevo grupo de religiosos iban prelados de las diócesis de Granada, Matagalpa, Siuna y Bluefields.
Estos 12 sacerdotes fueron enviados a El Vaticano tras una negociación entre la Santa Sede y la dictadura de Ortega y Murillo. La mayoría de padres había sido enjuiciados por delitos comunes o «traidores a la patria». Los desterrados son Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez y Jaime Iván Montesinos Sauceda.
Completan la lista los sacerdotes Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes.
Dos obispos y 15 sacerdotes a Roma
El 14 de enero de 2024, en el tercer grupo de religiosos que fue enviado al destierro se encontraban los obispos de la Diócesis de Siuna y de la Diócesis de Matagalpa. Además, un nutrido grupo de altos cargos de la Arquidiócesis de Managua, entre ellos el vicario general, el canciller de la curia, el vicario de la familia y un exorcista, entre otros.
Los obispos desterrados son Rolando José Álvarez Lagos, de Matagalpa, e Isidoro del Carmen Mora Ortega, de Siuna. Los sacerdotes son: Óscar José Escoto Salgado, Jáder Danilo Guido Acosta, Pablo Antonio Villafranca Martínez, Carlos José Avilés Cantón, Héctor del Carmen Treminio Vega y Marcos Francisco Díaz Prado.
En ese vuelo al destierro también iban el padre Fernando Isaías Calero Rodríguez, Silvio José Fonseca Martínez, Mikel Salvador Monterrey Arias, Raúl Antonio Zamora Guerra, Miguel Agustín Mántica Cuadra, Jhader Antonio Hernández Urbina, Gerardo José Rodríguez Pérez, Ismael Reinerio Serrano Gudiel y José Gustavo Sandino Ochoa.
Relaciones rotas
La institución religiosa y su clero es víctima de la guerra declarada al catolicismo en el país centroamericano. Ortega ha confiscado, desterrado y arrebatado la nacionalidad a más de una veintena de sacerdotes, seminaristas y obispos de la Iglesia nicaragüense.
A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 el régimen emprendió una ofensiva despiadada contra la Iglesia, sacerdotes y toda persona que muestre su apoyo a la institución religiosa. Ortega y Murillo acusaron a los obispos de dirigir un «golpe de Estado» tras mediar un fallido diálogo nacional.
En seis años de crisis, la dictadura ha ordenado la profanación de templos religiosos, el arresto de sacerdotes, la persecución contra el clero, vigilancia y espionaje permanente a los curas. Además, el cierre de ONG, colegios y universidades ligadas a la Iglesia católica.
Según el informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», de la abogada Martha Patricia Molina, desde 2018 la Iglesia ha sufrido más de 740 ataques por parte del aparato estatal. También 176 religiosos y religiosas han sido expulsados, se les ha negado la entrada al país o fueron desterrados, obligados por la dictadura a no ejercer su misión en Nicaragua.
