Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA) emitieron un comunicado donde expresan su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las cuales restringen a Nicaragua la capacidad de exportar, importar y comercializar armas y servicios de defensa.
La nota, difundida por los medios de propaganda oficialista, afirma que la ALBA condena «las medidas coercitivas y unilaterales impuestas en materia de defensa a la hermana República de Nicaragua, que tienen como propósito afectar y limitar las capacidades comerciales y de seguridad de esta nación y, por ende, su economía y su estabilidad».
La agrupación internacional declaró «que la soberanía de nuestros pueblos en la región y del bloque de países que constituyen el ALBA-TCP, una vez más, es afectada por la injerencia de los Estados Unidos.
Además, el informe señala que el país norteamericano agrede bajo «diferentes mecanismos y sistemáticamente a los países de la región que no se doblegan a sus intereses, imponiendo todo tipo de medidas contrarias al Derecho Internacional».
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ALBA consideró que las medidas tomadas por EE. UU. contra el régimen sandinista «carecen de fundamentos, afectan las relaciones armónicas entre los pueblos del mundo y atentan contra la paz, el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe».
«La Alianza reitera su más profundo rechazo a la insolencia del imperialismo estadounidense y su imposición de medidas coercitivas y unilaterales que pretenden instaurar un orden internacional con decisiones arbitrarias», detalla el comunicado, publicado el pasado sábado, 16 de marzo.
De igual manera, la organización reiteró que las sanciones de Estados Unidos «ponen en riesgo la paz y la seguridad mundiales, bajo acciones injerencistas para inmiscuirse en los asuntos internos de los países auténticamente libres y soberanos» y ratificó «su solidaridad con el pueblo y Gobierno de Nicaragua».
¿Qué es la ALBA-TCP?
La ALBA es un organismo conformado por Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía. Esta iniciativa de integración regional fue fundada en 2004 por el expresidente venezolano Hugo Chávez y el exmandatario cubano Fidel Castro.
De acuerdo a su sitio web oficial, el objetivo de la Alianza es «tener una amplia visión latinoamericanista, que reconozca a la integración como motor del desarrollo e independencia de nuestros pueblos» y que busca «promover el desarrollo de todos y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad».
Sin embargo, la ALBA también ha sido objeto de críticas y controversias, especialmente en relación con la situación política y económica de algunos de sus miembros, como los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba que, según denuncias de organismos defensores de derechos humanos, mantienen a sus respectivos pueblos bajo un «brazo represivo».
Sanciones de Estados Unidos
El pasado 14 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino u origen en Nicaragua, según un comunicado oficial de la entidad norteamericana.
Las nuevas sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se deben a la preocupación del Gobierno de Joe Biden por la «continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua».
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A través de un informe publicado en su página web oficial, el portavoz del organismo estadounidense, Matthew Miller, aseguró que «los Estados Unidos siguen profundamente preocupados por la continua y brutal represión del gobierno Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, que incluye las recientes elecciones fraudulentas en la Costa Caribe, habitada principalmente por personas de origen indígena y afrodescendientes».
El funcionario afirmó que «continuarán haciendo uso de todas las herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo» y, del mismo modo, «apoyar los derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses que trabajan por un futuro más justo y próspero».
