La modificación al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR) decretado por el Gobierno de EE.UU. para restringir el comercio de «artículos y servicios de defensa» a Nicaragua, es una «dura sanción» a largo plazo contra la dictadura Ortega-Murillo. La medida podría ser aplicada por otros países siguiendo el ejemplo del Gobierno estadounidense.
El politólogo y exreo político del régimen de Nicaragua, Félix Maradiaga, explicó a Artículo 66 que las restricciones anunciadas por el Gobierno de Joe Biden son «una herramienta diplomática muy fuerte con implicaciones de largo plazo», que además, producen un fuerte impacto en el comercio que incluye importaciones y exportaciones de todo artículo o servicio relacionado al tema de defensa.
Noticia relacionada: EE. UU. restringe venta de armas a Nicaragua
El impacto está dado, según explica Maradiaga, en que no solo se trata de implementos o servicios de origen estadounidense sino que muchas empresas transnacionales del mundo que son socias o que comercializan con empresas de EE. UU., la van a pensar dos veces para establecer negocios con el régimen de Ortega.
Otro aspecto que debe llamar la atención, según el politólogo, es que la medida anunciada por los estadounidenses «es una de las sanciones que más suele prevalecer en el tiempo y por tanto Estados Unidos suele tomarse con cuidado el tipo de país que incluye en esta modificación», dado que no suele retirarlas muy pronto ni muy fácil.
En ese sentido, Maradiaga, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua durante el gobierno del fallecido presidente Enrique Bolaños, recordó que en los años 90, tras la salida del poder de Daniel Ortega, después de la primera dictadura sandinista, el país cargaba con una sanción similar, y los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Bolaños tuvieron que invertir 12 años de gestiones para poder eliminarlas y fue hasta en 2002 que pudieron comenzar nuevamente un esquema de cooperación e intercambio en materias de defensa con EE.UU.
El Gobierno estadounidense justificó la restricción de venta de armas a Nicaragua por su profunda preocupación ante «la continua y brutal represión por parte de las autoridades de Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo las recientes elecciones simuladas en la Costa Caribe, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes».
Noticia relacionada: Sanciones a Ortega sobre el comercio de armas deben verse desde «un punto de vista político», dicen opositores
Maradiaga sostiene que esta sanción es un «fuerte mensaje no solo para la Policía Nacional, sino también para el Ejército de Nicaragua», dado que es una medida trascendente en su impacto a estas dos instituciones y «coloca al Estado de Nicaragua y a la dictadura sandinista en una categoría de regímenes que, de cierta forma, Estados Unidos considera una amenaza a la seguridad hemisférica», por estar involucrados en violaciones de derechos humanos.
De paso, sostiene que los norteamericanos están adelantándose a una posible «escalada armamentista» en Centroamérica, que pueda promover el dictador Ortega en los próximos años, apoyado por las dictaduras de China y Rusia.
Asimismo, el politólogo analiza que, la nueva sanción anunciada «aumenta la presión económica y política sobre el régimen, al limitar el acceso a equipos y tecnología de defensa estadounidenses».
De igual manera, considera que la acción diplomática subraya el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la rendición de cuentas y el apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua.
Para el dirigente opositor desterrado, un factor que se debe tener en cuenta es que las restricciones impuestas por EE. UU. «son vistas como un gesto de apoyo a la oposición nicaragüense y a aquellos que buscan un cambio democrático en el país. Este apoyo fortalece los esfuerzos de la oposición para movilizar el respaldo a nivel nacional e internacional».
Noticia relacionada: Restricción para comprar armas puede ser el aviso de nuevas sanciones al Ejército
Analistas han advertido que está por verse el impacto que tendrían, a corto o mediano plazo, las restricciones sobre el comercio de armas, dado que tanto el Ejercito como la Policía nicaragüense están dotados de armamento de origen ruso. La última gran compra militar de la dictadura Ortega-Murillo fue en 2016, cuando adquirió de los rusos 50 tanques de combate modelo T-72B1 que costaron unos 80 millones de dólares. Pero antes, el régimen de Managua había encargado al Kremlin al menos cuatro lanchas entre coheteras y patrulleras.
La otra adquisición reciente conocida es de equipos policiales antidisturbios, supuestamente donados por China, que el régimen presentó en sendas conferencias de prensa, exhibiendo los nuevos equipos con que los gendarmes de la dictadura reprimirán al pueblo.
