El Departamento de Estado de Estados Unidos, este jueves, 14 de marzo, enmendó las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) para restringir la política de comercio de importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense, destinados o procedentes de Nicaragua. Diferentes opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran que las nuevas sanciones deben tomarse desde «un punto de vista político».
En un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X, el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro consideró que las recientes medidas «no deben verse en el contexto de que el Ejército y la Policía dejan de recibir armamento norteamericano», ya que la dictadura nicaragüense, desde hace años, «el 90% de las armas y el equipamiento que recibe viene o de Rusia o de China».
Noticia relacionada: EE. UU. restringe venta de armas a Nicaragua
El activista político considera que el punto principal de esta sanción va encaminada a «identificar a Nicaragua como un lugar prohibido para hacer comercio de armas». «El negocio de las armas es uno de los mercados más grandes a nivel mundial. La sanción pone a Nicaragua en el faro de la atención de este importante mercado, de tal manera que, si existen otros proveedores que envían equipamiento al Ejército y la Policía de Nicaragua, van a tomar nota de esta prohibición, especialmente si estos proveedores tienen negocio con los Estados Unidos», señaló Chamorro.
El economista manifestó que la segunda consecuencia, de carácter de mercado, «se desprende de la primera y es una sanción comercial y así lo identifica el comunicado del Departamento de Estado». «En este sentido, ya se están tocando los privilegios que Nicaragua podría tener en términos comerciales en el tema de las armas», sostuvo.
Chamorro destacó que «la sanción no es desde un punto de vista de equipamiento militar, sino desde un punto de vista político con el mensaje que envían al decir que, además, lo están haciendo por la brutal represión que existe en Nicaragua».
Sanciones van a continuar
El activista y miembro de la directiva de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Héctor Mairena, coincidió en que la medida restrictiva de Estados Unidos debe ser vista desde una perspectiva «política».
Mairena expuso a Artículo 66 que «las razones que señala (el Departamento de Estado) al tomar esta medida es el desmantelamiento de la democracia que ha impuesto en Nicaragua la dictadura de los Ortega-Murillo», así como también «el aumento de la cooperación entre la dictadura nicaragüense y el régimen ruso».
Además, el directivo de UNAB advierte que los Estados Unidos van a «seguir tomando medidas para presionar al régimen de los Ortega Murillo por su flagrante y cotidiana violación a los derechos humanos».
Noticia relacionada: Privado: Restricción para comprar armas puede ser el aviso de nuevas sanciones al Ejército
«Como bien sabemos, la dictadura ha venido aumentando su intercambio de armas con Rusia y se abastece principalmente de ese país, Sin embargo, en Nicaragua hay varias tiendas de armas que importan desde los Estados Unidos y que ahora ya no podrán hacerlo. Estas tiendas están normalmente asociadas a militares o a jerarcas», resaltó.
Mairena indicó que estas restricciones se suman a otras medidas que los Estados Unidos «han tomado contra funcionarios sandinistas, como son las sanciones individuales que han aplicado». «Yo no tengo dudas de que (EE. UU.) continuará aplicando sanciones y es probable que esta decisión de los Estados Unidos sea tomada también por otros países», sostuvo.
El resto de países debe hacer lo mismo
La defensora de derechos humanos Haydée Castillo declaró a Artículo 66 que los activistas «hemos elevado nuestra voz para que de las resoluciones, de informes, que ya son muy importantes, se pase a acciones concretas que debiliten las bases que sostienen al régimen». La opositora reiteró que, desde hace (mucho) tiempo, «nosotros venimos solicitando a la comunidad internacional medidas más drásticas respecto a la crueldad de la dictadura Ortega-Murillo»
«Ojalá que pudiésemos lograr que se vayan implementando muchas otras medidas para también disminuir el poder económico del régimen, que es otra de sus bases. Ahí está el papel de muchísimas empresas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) que sería muy importante que revisen su política de inversiones y de intercambio comercial con Nicaragua», recomendó la opositora.
De igual manera, Castillo comentó que «si hay algo en lo que las dictaduras se sostienen es en el estado de terror que infunde en la población y en el poder de las armas». Agregó que, en este sentido, «que se haya tomado la medida de suspender a Nicaragua como destino de armas, es una acción que todos los Estados deberían de definir».
«Ya quisiera yo que el tráfico, la venta y la compra de armas se detuvieran, para que pudiéramos tener un mundo en paz, pero hablando particularmente de Nicaragua, yo invitaría a que todos los países del mundo adopten esas medidas hacia el país», declaró.
Compromiso de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino u origen en Nicaragua, según un comunicado oficial de la entidad norteamericana.
Las nuevas sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se deben a la preocupación del Gobierno de Joe Biden por la «continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua».
Noticia relacionada: EE. UU. amplía sanciones a funcionarios de aerolíneas chárter que facilitan la migración irregular
A través de un comunicado publicado en su página web oficial, el portavoz del organismo estadounidense, Matthew Miller, aseguró que «los Estados Unidos siguen profundamente preocupados por la continua y brutal represión del gobierno Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, que incluye las recientes elecciones fraudulentas en la Costa Caribe, habitada principalmente por personas de origen indígena y afrodescendientes».
El funcionario afirmó que «continuarán haciendo uso de todas las herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo» y, del mismo modo, «apoyar los derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses que trabajan por un futuro más justo y próspero».
