En el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la agrupación política Unión Democrática Renovadora (Unamos) inició una campaña virtual que busca exigir la liberación de las presas políticas que actualmente están detenidas en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por medio de su cuenta oficial de la red social X, la organización política publicó afiches con el nombre y fotografía de las reas de conciencia. La primera publicación, realizada el pasado sábado, dos de marzo, fue de la nicaragüense Brenda Lee Baldelomar, capturada el 17 de abril de 2023, sin seguir un procedimiento policial adecuado.
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Hants Ismael Baldelomar, hijo de la presa política, dijo que su madre «sufre de migraña y sangrado uterino anómalo». «Desde antes de ser encarcelada, ella ya sufría de muchos dolores de cabeza por los cuales ya tenía planeado visitar al médico, así como realizarse los exámenes correspondientes», comentó. Sin embargo, también mencionó que «nunca había presentado sangrado uterino fuera de lo normal».
Sumado a sus dolencias, Baldelomar «no ha recibido ninguna atención médica especializada a pesar de las quejas y sus evidentes problemas de salud». Según su hijo, «es algo que le pasa al resto de presas políticas que están encarceladas en el penal ‘La Esperanza’».
Diputada del Caribe encarcelada
De igual manera, Unamos alzó la voz por Nancy Elizabeth Henríquez James, diputada suplente del ilegalizado partido político de la Costa Caribe nicaragüense Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama). La Policía Nacional, al servicio del régimen orteguista, capturó a la líder indígena mediante engaños.
«A ella le tienen prohibido hablar en su lengua materna (miskito). Cuando recibe visitas, siempre tiene alguien vigilándola. No la dejaron tener un abogado defensor. En Nicaragua queremos libertad. Nancy también es Nicaragua. ¡Exigimos su libertad!», declaró el organismo opositor.
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La dictadura nicaragüense condenó a Henríquez a ocho años de prisión, después de secuestrarla por más de dos meses. Fue sentenciada durante un juicio realizado dentro del Sistema Penitenciario de Mujeres «La Esperanza», el 13 de diciembre de 2023. Como es de costumbre en los procesos judiciales de reos políticos, la diputada no contó con una defensa y se presentó a la audiencia en mal estado de salud.
La Justicia de Ortega imputó a Henríquez los delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad», mismos cargos que generalmente se les atribuye a los opositores.
Libertad para líderes estudiantiles
Unamos también hizo hincapié en los casos de Adela Espinoza Tercero, de 27 años, y Gabriela Morales López, dirigentes universitarias que fueron apresadas por las autoridades represivas del gobierno sandinista, el 19 de agosto de 2023.
Tras la toma de la Universidad Centroamericana (UCA), casa de estudios superiores donde Espinoza Tercero obtuvo su licenciatura en Comunicación Social, la Policía sandinista la secuestró para posteriormente encarcelarla. «Adela es originaria de Chinandega. Tiene 2 niños y la tienen encerrada. La libertad de expresión es un derecho, no un delito», afirmó Unamos.
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Por otra parte, Morales era estudiante de la Universidad Juan Pablo II, de Managua. Unamos indicó que «los grupos del Concejo de Poder Ciudadano (CPC) del barrio donde vive Gabriela, acompañaron a la Policía a su vivienda para capturarla. Fue detenida por protestar contra la confiscación de la UCA».
Junto a Josseling Mayela Campos, otra activista universitaria que también fue secuestrada en agosto del año pasado, la jueza Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, declaró culpables de tráfico de estupefacientes a Espinoza y Morales.
Inicialmente, las tres fueron acusadas por el supuesto delito de «propagación de noticias falsas» y «menoscabo a la integridad nacional». Sin embargo, cuando ya estaban detenidas, la Fiscalía las incriminó por el delito relacionado al negocio de drogas.
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Durante el juicio realizado por videollamada, el Ministerio Público sostuvo que detuvieron a las tres jóvenes juntas como una prueba para justificar el delito de narcóticos. No obstante, todas fueron detenidas en fechas distintas y por separado. El juicio se celebró el siete de noviembre de 2023.
De acuerdo a un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticos, la dictadura orteguista mantiene encarceladas arbitrariamente a 19 mujeres, entre ellas Mariví Elieth Andino Ramírez, exfuncionaria de «Cáritas Diocesanas de Estelí», encarcelada desde hace ocho meses, y Anielka García, joven arrestada por pintar camisetas alusivas a Nicaragua.
