Mariví Elieth Andino Ramírez, exfuncionaria de «Cáritas Diocesanas de Estelí», fue encarcelada arbitrariamente por el régimen de Nicaragua desde hace ocho meses. Esa situación dejó en el desamparo a los tres hijos menores de edad de la víctima. Desde su encierro, no ha tenido acceso ni siquiera a leer algún artículo religioso.
En una publicación del 21 de enero de 2024, Martha Patricia Molina, abogada y especialista en temas religiosos, refirió en su cuenta de la red social X que Andino fue secuestrada el 21 de mayo de 2023 por agentes policiales y paramilitares. «Fue condenada a puertas cerradas y sin derecho a la defensa, ahora tendrá que cumplir seis años de cárcel», detalló la autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?.
Actualmente, Andino se encuentra encarcelada en un centro reclusorio de Managua, en donde «el régimen practica más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes», denunció la defensora de derechos humanos.
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En dicha publicación, Molina recordó que el encarcelamiento de la exfuncionaria de Cáritas deja a tres niños sin protección alguna, por lo que le pidió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que «otorgue medidas cautelares a Mariví y a sus hijos menores de edad», de manera similar que a otros presos políticos.
Encarcelada por haber trabajado en Cáritas
La Asociación Cáritas Diocesana de Estelí perdió su personalidad jurídica el siete de febrero de 2022, lo que marcó el inicio de la debacle de la organización a través de toda Nicaragua. La confederación ayudaba con bancos de alimentos a los pobres, solventaba los costos de viajes al médico de personas con enfermedades terminales, regalaban muletas y prótesis a personas que lo necesitaban, entre otros.
El 22 de diciembre de 2022, a tan solo nueve meses del cierre de la organización en Estelí, Cáritas de Jinotega fue cancelada por el Ministerio de Gobernación. Mientras que «Cáritas Nicaragua», funcionó hasta el siete de marzo de 2023.
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«Cáritas Nicaragua» solicitó la disolución voluntaria después de meses con números rojos, debido a las dificultades y bloqueos provocados por el régimen para su sustento económico.
Desde antes de su cierre, muchos de los dirigentes de Cáritas denunciaron el cierre de cuentas bancarias de la organización. Por ejemplo, en 2019, tras las revueltas sociales de abril de 2018, monseñor Enrique Herrera denunció que el régimen de Daniel Ortega bloqueó el ingreso de las donaciones internacionales canalizadas a través de esa organización.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2023, el régimen aseguró que Cáritas Diocesana de Nicaragua estuvo involucrada en un delito de lavado de dinero. Después de una denuncia, de la cual no se tiene autor, la Policía procedió a investigar y encontrar «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas en diócesis del país».
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Según la nota policial, la entidad recibió una información el 19 de mayo sobre la «actividad ilícita» en el manejo de recursos que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria, posiblemente en referencia al obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien fue desterrado al Vaticano por la dictadura.
Sin embargo, según el medio Confidencial, el régimen buscaba «embolsarse» una donación dirigida a Cáritas Estelí de 563 206.54 dólares realizada por la fundación Catholic Relief Services (CRS). De acuerdo con el medio 100% noticias, la dictadura en vísperas de Navidad, encarceló a seis laicos de la extinta Cáritas de Estelí, además de una extrabajadora, Mariví Andino.