Anielka García cumple más de 100 días encarcelada. La emprendedora de Chichigalpa fue detenida por publicar una camiseta alusiva a la lucha cívica, el pasado mes de abril. Actualmente se desconoce el proceso judicial que se sigue en el caso y cuál es el delito por el que se le ha privado de su libertad.
El director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, afirma que del caso de García no existen registros oficiales. «En los expedientes digitales del Poder Judicial no encontramos expediente alguno de la joven emprendedora, presa política Anielka García, es víctima de un abuso más de la dictadura Ortega Murillo y vulneración a sus derechos constitucionales».
Abogados independientes señalan que en otras detenciones de presos políticos se les ha emitido condenas sin dar a conocer los delitos de los que se les acusa. «Podríamos nosotros presumir que a más de 100 días de haber sido secuestrada por las autoridades, podría estar enfrentando un proceso clandestino, sin dar aviso a familiares, ni abogados privados», señala Cuevas.

En un proceso de investigación para una audiencia de legalización, como se ha realizado en casos anteriores, se solicitan 90 días para realizar la búsqueda de pruebas. «Hay vulneración a la ley, pues su caso debe ser de conocimiento público, ella solo ejercía su derecho constitucional al trabajo, realizando diseños alusivos a la patria, en esto no existe comisión de delito».
Anielka es madre de dos niños, uno de ellos de un año y pertenece a los 64 presos políticos que contabilizan organizaciones civiles.
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Presos políticos en Nicaragua
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó en su informe del mes de junio, 64 presos políticos; 10 mujeres y 54 hombres, y 81 personas judicializadas de manera ilegal. La mayor cantidad de detenciones se dio en los meses de mayo y junio. En los meses de abril, mayo y junio también se reportaron 20 religiosos encarcelados ilegalmente.
A estas estadísticas se suma la detención del párroco de Siuna, Fernando Zamora Silva. El sacerdote que es juez del tribunal eclesiástico de Nicaragua fue detenido el pasado 9 de julio de este año.
Los familiares de los detenidos han denunciado, de forma anónima a diferentes organismos, que el Estado continúa usando la tortura en los diferentes centros de detención, aplicándola a los reos de conciencia. Los denunciantes destacan el deterioro físico de los presos políticos, producto de las golpizas que estos reciben mientras están bajo la custodia del régimen sandinista.