Las organizaciones y movimientos sociales que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se dirigieron al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, para expresar su rechazo a las extradiciones de opositores nicaragüenses, las cuales son solicitadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Debido a los recientes ataques dirigidos a los críticos de la dictadura orteguista, la UNAB le recordó a Chaves que, en distintas etapas de la historia de Nicaragua, la nación vecina «ha brindado su solidaridad y acogida a compatriotas nicaragüenses que, por razones de persecución política o en búsqueda de nuevos horizontes, han encontrado acogida en su país».
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«Como usted sabe, desde 2018, Nicaragua vive una situación dramática, ante las flagrantes y masivas violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen de Ortega. Más de 350 nicaragüenses asesinados, centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados, resumen ese drama», denuncia el comunicado, difundido en redes sociales el jueves, 29 de febrero.
Además, la UNAB señala que, en tales circunstancias, «Costa Rica ha sido el destino de miles de nicaragüenses que se han refugiado allí, contribuyendo de diferentes maneras a la economía costarricense. Sin embargo, hemos observado con profunda preocupación que, en el último año, esta generosa práctica de brazos abiertos a los perseguidos políticos nicaragüenses se ha deteriorado».
Por lo anterior, la organización demanda en su carta al gobierno de Chaves que «en consonancia con la práctica histórica de Costa Rica, su compromiso con la democracia y la defensa de los Derechos Humanos y con Convenios Internacionales de la materia, tome las providencias necesarias para dar seguridad a los nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio».
Deportaciones son «un grave precedente»
En la carta abierta, la UNAB manifiesta que la deportación y entrega a las autoridades nicaragüenses del líder campesino y crítico del régimen sandinista Douglas Gamaliel Pérez Centeno, «constituyen, en nuestra opinión, un grave precedente».
El opositor fue presentado con el uniforme azul, que identifica a los presos políticos, esposado, con cadenas y grilletes en los pies, en una improvisada conferencia de prensa realizada en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
Pérez Centeno fue objeto de una circular de búsqueda emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) a solicitud de los Ortega-Murillo. Fue detenido en 2022, en Costa Rica, y a pesar de múltiples intentos para evitar su extradición, las autoridades costarricenses finalmente lo entregaron a las nicaragüenses en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Rivas.
Profesor Putoy en peligro
De igual manera, el colectivo cívico indicó su «profunda preocupación por los actos más recientes que han afectado al profesor Gabriel Putoy Cano», un exreo político nicaragüense que se encuentra en calidad de refugiado en territorio tico.
UNAB declara en la misiva que el profesor Putoy, originario de Monimbó, Masaya, «experimenta una suerte de muerte civil, ante acusaciones de la dictadura cuyo brazo represivo parece extenderse».
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El pasado 24 de febrero, el opositor les comentó a distintos medios de comunicación que, con el propósito de recibir su pago de la empresa donde trabajaba, intentó abrir una cuenta bancaria en el centro financiero Scotiabank. Sin embargo, al intentar ingresar su nombre al sistema, el trabajador del banco le comentó que «se generaba una alerta por orden de captura en Nicaragua», siendo considerado un «prófugo de la justicia».
Antes de exiliarse a Costa Rica, Putoy trabajaba como docente de Matemáticas en un colegio privado y en el Instituto Nacional Héroes y Mártires de la Reforma, ubicado en Masaya. Debido a su participación en las protestas cívicas de 2018, fue arrestado el 17 de julio de ese año y liberado en agosto de 2019, bajo la polémica Ley de Amnistía. Poco después de su liberación, se exilió en el país vecino.
