El «brazo represivo» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su expansión dentro de la región centroamericana. Actualmente, el docente y exreo político refugiado en Costa Rica, Gabriel Leónidas Putoy Cano, está bajo una orden de captura emitida por el Gobierno de Nicaragua.
Este 24 de febrero, el profesor les comentó a distintos medios de comunicación que, con el propósito de recibir su pago de la empresa donde trabajaba, intentó abrir una cuenta bancaria en el centro financiero Scotiabank. Sin embargo, al intentar ingresarlo al sistema, el trabajador del banco le comentó que «se generaba una alerta por orden de captura en Nicaragua», siendo considerado un «prófugo de la justicia».
Ante la orden de detención de Putoy, distintos nicaragüenses exiliados expresaron su preocupación por la seguridad del docente y por el accionar del gobierno de Chaves. Sobre todo porque este 16 de febrero, el nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue extraditado de territorio costarricense por orden del sistema judicial tico, tras una petición de la dictadura sandinista.
Héctor Mairena, abogado y activista político, denunció en su cuenta de X que «el ‘largo brazo represivo’ del régimen de Nicaragua quiere actuar en Costa Rica». Por lo tanto, el opositor consideró que «la sociedad y el Estado tico deben de accionar en consonancia con su tradición democrática».
Por otro lado, la doctora Anely Pérez criticó que «no es posible que el Gobierno de Costa Rica se preste a una persecución injusta contra los opositores del régimen de Ortega y Murillo». El Estado comandado por Rodrigo Chaves ya ha aprobado la deportación de un nicaragüense, mientras que otro opositor está a la espera de su posible deportación.
De igual manera, la abogada y defensora de derechos humanos, Martha Patricia Molina, alertó que «la vida del profesor Putoy está en peligro». «Si el dictador Ortega lo pide por extradición, Costa Rica lo hará inmediatamente», denunció la opositora en sus redes sociales.
Debido a esto, la jurista consideró como «urgente» que «el profesor salga a un país que le dé la seguridad de que no será extraditado si el asesino de Ortega lo llega a pedir». Por último, Molina comentó que «el régimen sandinista es capaz de mandarlo a asesinar».
Un crimen impuesto
Antes de exiliarse a Costa Rica, Putoy, originario de Monimbó, Masaya, era un profesor de matemáticas en un colegio privado y en el Instituto Nacional Héroes y Mártires de la Reforma en Masaya. Debido a su participación en las protestas cívicas de 2018, fue arrestado el 17 de julio de ese año y liberado en agosto de 2019, bajo la controvertida Ley de Amnistía. Poco después de su liberación, se exilió en el país vecino.
En noviembre de 2023, había conseguido un cargo administrativo en una empresa de limpieza de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de ser un refugiado en el país, el opositor no pudo abrir su cuenta bancaria para recibir sus pagos por una supuesta acusación de «obstrucción de funciones» emitida por el Estado de Nicaragua.
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El empleador del excarcelado político estaba a la espera del número de cuenta bancaria para formalizar su contratación. Pero al conocer su situación, el pasado 13 de enero, la empresa le notificó que debían de prescindir de sus servicios, ya que no podían otorgarle más permisos ni seguir pagándole en efectivo.
Putoy declaró que su principal miedo es «ser extraditado a Nicaragua». «Nos están dejando desprotegidos, porque el brazo de la dictadura nos está alcanzando sin problemas en Costa Rica y aquí no estamos seguros», denunció.
«Esa orden de captura que giraron no me generaba preocupación, porque consideraba que estaba seguro en Costa Rica como refugiado, pero después de la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, no sólo yo comencé a preocuparme, también otros exiliados que estamos en Costa Rica», dijo Putoy.
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Pérez Centeno fue extraditado después de que la fiscalía de Costa Rica permitiera su «entrega» a las autoridades orteguistas. Posteriormente, este 19 de febrero, el opositor fue presentado con el uniforme azul que identifica a los presos políticos, esposado y con cadenas y grilletes en los pies. Además, Reinaldo Picado también podría ser extraditado devuelta a las manos del régimen.
