La campaña represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa afectando a los opositores nicaragüenses refugiados en otros países. Este sábado, 24 de febrero, el exreo político Gabriel Leonidas Putoy Cano denunció a diversos medios de comunicación independientes que el sistema bancario de Costa Rica canceló su cuenta debido a una orden de captura por los supuestos delitos de «obstrucción de funciones», emitida por la dictadura nicaragüense.
Putoy dijo al medio digital Despacho 505 que su principal miedo es «ser extraditado a Nicaragua». «Nos están dejando desprotegidos, porque el brazo de la dictadura nos está alcanzando sin problemas en Costa Rica y aquí no estamos seguros», denunció.
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En noviembre de 2023, el opositor nicaragüense consiguió un trabajo en una empresa de servicios de limpieza, donde le asignaron tareas relacionadas con funciones administrativas. Para recibir su paga, el empleador de Putoy le pidió que abriera una cuenta en un banco privado.
Al momento de gestionar el trámite en Scotiabank, la institución financiera elegida por Putoy, uno de los empleados le explicó que «cada vez que querían ingresarlo al sistema, se generaba una alerta por orden de captura en Nicaragua», siendo considerado como un «prófugo de la justicia».
«Esa orden de captura que giraron no me generaba preocupación, porque consideraba que estaba seguro en Costa Rica como refugiado, pero después de la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, no sólo yo comencé a preocuparme, también otros exiliados que estamos en Costa Rica», dijo Putoy al medio.
Al encontrarse con este impedimento, Putoy pidió a la empresa que le depositara su salario en su cuenta de ahorro del Banco Nacional de Costa Rica. No obstante, el banco le notificó de «forma indirecta que iban a cerrarle la cuenta y que lo llamarían cuando tuvieran actualizado sus datos».
«Cuando voy al Banco Nacional a querer sacar el plástico, es donde a mí me dicen que me van a generar un débito de una sola transacción, para que saque el dinero en un cajero y luego avisarán cuando actualicen mis datos», manifestó el opositor.
Putoy expuso que «esa alarma que se dispara cada vez que está mi nombre en un sistema, me está perjudicando personalmente, porque uno necesita vivir, cumplir con responsabilidades, trabajar para comer y pagar mis obligaciones».
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Los empleados del banco le confirmaron la existencia del aviso de búsqueda emitido por el régimen. A pesar de que Putoy trató de convencerlos de que las acusaciones son «falsas», y que por ese mismo motivo está refugiado en Costa Rica, el trabajador le dijo que «no podían hacer nada más».
El empleador del excarcelado político estaba a la espera del número de cuenta bancaria para formalizar su contratación. Pero al conocer su situación, el pasado 13 de enero, la empresa le notificó que debían prescindir de sus servicios, ya que no podían otorgarle más permisos ni seguir pagándole en efectivo.
Antes de exiliarse a Costa Rica, Putoy Cano, originario de Monimbó, Masaya, era profesor de matemáticas en un colegio privado y en el Instituto Nacional Héroes y Mártires de la Reforma en Masaya. Debido a su participación en las protestas cívicas de 2018, fue arrestado el 17 de julio de ese año y liberado en agosto de 2019, bajo la controvertida Ley de Amnistía.
