El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) acusó al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de «colaborar con el Gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo» al aceptar la extradición de un opositor nicaragüense. Por medio de una carta abierta, la cual fue divulgada este 22 de febrero, la organización le pidió al dirigente del país centroamericano que su administración «cese cualquier proceso de extradición».
En el documento compartido en sus redes sociales, la organización denunció que, con la colaboración del gobierno tico, «el Poder Judicial (de Nicaragua) decidió extraditar a Douglas Pérez Centeno, devuelto a un Estado que comete delitos de lesa humanidad desde 2018». El opositor del régimen nicaragüense solicitó refugio en Costa Rica en múltiples ocasiones, sin embargo, fue detenido y «enviado» directamente a las manos de la dictadura orteguista.
De acuerdo con el organismo, «si bien la administración de Chaves expresó que la deportación fue una decisión completamente judicial, la Policía de Costa Rica está sujeta al presidente como jefe de Estado». Además, «las autoridades migratorias y la política atingente también están a cargo del presidente, por lo tanto, usted (Chaves) tenía la última palabra», denunció Calidh.
Por lo tanto, la agrupación declaró que está completamente convencida de que «el presidente de Costa Rica colabora con el Gobierno dictatorial de los Ortega-Murillo». Debido a su cercanía con el Estado represivo de Nicaragua, el organismo le solicitó tanto a Chaves como a sus ministros «realizar una reflexión urgente», sobre todo, porque permitieron «la entrega de un solicitante de refugio que huía de un Estado que, desde 2018, ha inculpado a los perseguidos políticos bajo delitos inexistentes».
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La organización consideró que el Gobierno tico «debía de al menos verificar que el país solicitante de la extradición de Pérez Centeno podía garantizar un debido proceso legal». Procedimiento que, según el Calidh, la dictadura de Nicaragua no realizará con el caso del opositor ni con Reinaldo Picado, un segundo crítico del régimen que también está a la espera de una posible extradición.
Según distintos opositores consultados por Calidh, múltiples crímenes realizados por «células del régimen de Ortega y Murillo» son «dejados bajo la impunidad por la Policía de Costa Rica, debido a la falta de investigaciones efectivas y eficaces». Lo cual es de preocupación, sobre todo por las repetidas ocasiones en las que el presidente Chaves ha negado la existencia de estos grupos de la dictadura sandinista.
Por lo tanto, el organismo defensor de derechos humanos le solicitó al gobernante de Costa Rica que «reencamine las políticas migratorias de su país para asegurar la protección efectiva de los nicaragüenses que huyen (de Ortega)». Además, le pidió que «cese cualquier tipo de extradición pendiente».
El primer nica extraditado
Pérez fue circulado por la Policía Internacional (Interpol) a petición de la dictadura de Ortega y Murillo. En Costa Rica fue apresado en 2022, pero tras varios intentos para detener la extradición fue entregado por las autoridades costarricenses a las nicaragüenses en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Al campesino lo vinculan con la muerte de una policía y un ciudadano, sucesos ocurridos en 2022 en el departamento de Río San Juan. También se le vincula a un robo con intimidación y asesinato a trabajadores de la empresa Agroindustrial del Río, en el Municipio El Castillo.
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Este 19 de febrero, Pérez Centeno fue presentado con el uniforme azul que identifica a los presos políticos, esposado, con cadenas y grilletes en los pies, en una improvisada conferencia de prensa desde el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) «Jorge Navarro», conocido como «La Modelo», en Tipitapa. Por otro lado, Reinaldo Picado está a la espera de su posible extradición desde una celda en un centro de detención de Costa Rica.
