En el transcurso del año pasado, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) registró numerosos ataques contra las comunidades indígenas que residen en la Costa Caribe de Nicaragua. La violenta campaña de hostigamiento, que ha resultado en pérdidas humanas y materiales, fue llevada a cabo por los «colonos», un grupo de campesinos armados, en su mayoría mestizos, que son «aliados» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con lo expuesto en un informe publicado por la organización centroamericana, «los ataques han incrementado en frecuencia y nivel de violencia durante los años más recientes, con graves consecuencia en términos de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, desprotección estatal, desplazamiento forzado y destrucción del medioambiente».
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A pesar de que existe un marco jurídico que protege los derechos de los grupos indígenas, y que organizaciones han denunciado el asedio y el despojo de manera sistemática y con abundantes pruebas, el Estado no ha llevado a cabo ninguna «investigación seria» ni ha detenido a los responsables, denuncia el Cetcam.
Al momento de atacar, los «colonos» llegan con armas de guerra y emplean «altos niveles de violencia para expulsar a los indígenas de sus tierras ancestrales para apoderarse de ellas». Sin embargo, esta problemática es solo «la punta de lanza» de la expansión acelerada y violenta de la frontera agrícola «para beneficiar a grandes propietarios y sus aliados, muchos vinculados con el régimen dictatorial de los Ortega-Murillo», recoge el organismo en este estudio.
«Por esa razón, su impunidad está garantizada a pesar de las leyes que protegen a las comunidades indígenas. Las evidencias muestran que los ataques están motivados por el apetito de tierras, la creación de latifundios, fuertes intereses de ganaderos, madereros y mineros que buscan expandir sus áreas de explotación», denunció el Cetcam.
Más daños y víctimas
Según la información recopilada por el centro investigativo, las invasiones a tierras comunales «se incrementaron poco tiempo después de finalizada la guerra, en la década de los 90, y se aceleraron en los años subsiguientes». Sin embargo, el organismo destaca que desde la ascensión al poder de Ortega, en 2007, «este fenómeno se exacerbó y asumió modalidades caracterizadas por grandes niveles de violencia».
«Se estima que desde el 2015 a la actualidad, más de 60 comunitarios han sido asesinados por los ‘colonos’. Asesinatos, secuestros, heridos, destrucción de asentamientos y de cosechas son algunas de las consecuencias de estos ataques. Las mujeres y menores de edad se encuentran entre los grupos más vulnerables y afectados», expone el reporte.
Aproximadamente, 3,000 comunitarios misquitos y mayagnas se han visto obligados a abandonar sus tierras y huir a otras comunidades en Nicaragua y Honduras donde «atraviesan penurias, hambre, pobreza extrema y desamparo», de acuerdo al reporte de Cetcam. La organización añade que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «ha emitido medidas de protección para 15 comunidades sin que el gobierno de Nicaragua haya actuado para hacerlas efectivas mientras el acoso, las invasiones y los crímenes continúan».
Los comunitarios, en su desesperación, señalan que están «solos» y «desamparados» ante la falta de apoyo del régimen Ortega-Murillo. «Los colonos actúan en grupos relativamente grandes que a veces oscilan entre 10, 50 y hasta 80 personas. Es común que utilicen armas de fuego y de guerra; se presume que entre ellos hay exmilitares y exmiembros de ‘la contra’. La resistencia de los indígenas no ha conseguido frenar los ataques y desalojos violentos», indicó la organización.
La Cetcam agregó que, hasta el momento, no se conoce que alguno de los perpetradores haya sido juzgado y condenado. «Por el contrario, al menos en un caso, la policía responsabilizó a tres de los denunciantes por los crímenes cometidos, mientras los comunitarios han denunciado en repetidas ocasiones que el Ejército y la misma Policía no les han brindado la protección aún cuando la violencia era inminente», denuncio el organismo centroamericano.
«La invasión de las tierras indígenas es una violación flagrante del derecho a sus tierras, formas de vida y cultura. La destrucción de su tejido social amenaza su existencia especialmente en el caso de los mayagnas. Varias reconocidas defensoras de los derechos indígenas y líderes de las comunidades califican lo que ocurre en los territorios como un ‘etnocidio’ por los niveles de violencia, la desprotección estatal y la impunidad de los perpetradores», declara el reporte.
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Cetcam afirma que mientras el régimen orteguista se mantenga en el poder «difícilmente se resolverán las justas demandas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, además que se mantendrá la expoliación y la destrucción de las tierras comunitarias».
«La democracia plena es el único contexto en el que podrá desarrollarse un diálogo constructivo que permita avanzar en la protección de las propiedades de los pueblos originarios, la autonomía y una propuesta de desarrollo regional incluyente y sostenible», sostiene el informe.