Después de ser acusado y no tener una protección ante una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue acogido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo «asilo político» este siete de febrero. Sin embargo, los opositores consideran esta acción de la dictadura como una «violación a la Constitución Política de Nicaragua».
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencial Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), recordó que, de acuerdo con el artículo 42 de la Carta Magna nicaragüense, el asilo político solamente ampara a aquellas personas que sufren de persecución por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos». Por lo tanto, el refugio político del exmandatario es «inconstitucional», ya que Martinelli «no es perseguido por ninguna de las razones anteriormente mencionadas, sino por crímenes fiscales cometidos durante su administración».
Mencionando el atropello a la Constitución, el abogado calificó como «coherente» la decisión del Gobierno de Panamá de negar el salvoconducto al expresidente. «Ante el resto del mundo, Nicaragua está refugiando a una persona que es un delincuente en el país canalero y en el resto de naciones», remarcó.
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Según Ramírez, al aceptar el asilado de Martinelli, el régimen de Nicaragua está «evidenciando que quiere alojar delincuentes en el país, a pesar de que no sean meritorios de ningún tipo de protección o asilo». Según Ramírez, el refugio de prófugos de la ley es «bastante hipócrita por parte de los Ortega-Murillo», ya que «refugia a criminales en el país mientras expulsa de su tierra y prohíbe la entrada a casi un millón de nicaragüenses que están en el extranjero».

Por otro lado, el jurista mencionó que «de manera similar a otros expresidentes acogidos por el régimen, la dictadura orteguista podría haber aceptado el asilo de Martinelli con interés de mantener el crimen organizado. «En estos últimos 10 años, Centroamérica ha sido gobernada por presidentes vinculados con redes de narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada de manera transnacional», recordó.
El abogado, a pesar de no saber con certeza el motivo principal, aseguró que «el refugio de Martinelli está relacionado con la delincuencia organizada en Centroamérica que ejerce el Estado de Nicaragua y sus aliados en la región».
El refugio de un prófugo de la justicia
Actualmente, el régimen de los Ortega-Murillo mantiene privados de libertad, de manera injusta y en condiciones inhumanas, a los críticos de su gobierno. Por otro lado, ha autorizado el acondicionamiento de la embajada nicaragüense en Panamá para albergar a su nuevo asilado político, Martinelli Berrocal.
Martinelli fue investigado, procesado y condenado por la justicia de su país, en julio de 2023, a más de diez años de prisión y el pago de una multa de aproximadamente 19 millones de dólares por el delito de «lavado de dinero».
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Después de autodeclararse «perseguido político» y afirmar que su vida corre peligro en su país, el exjefe de estado se metió a la embajada de Nicaragua y de inmediato solicitó asilo político. Ortega, que es conocido por acoger a varios expresidentes perseguidos por la justicia de sus respectivos países por corrupción, de inmediato aprobó el asilo.
Sin embargo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó la negativa de brindar un salvoconducto para el expresidente. Actualmente, sigue refugiado en la embajada, hasta donde ha llevado muebles, máquinas de ejercicio, alimentos y a su mascota.