La libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales en cualquier sistema democrático contemporáneo, pero en los países centroamericanos se registra una «degradación de las condiciones para el ejercicio periodístico», según el Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica 2023, que analiza estos temas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El informe que ha sido presentado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), de la Universidad de Costa Rica, y por la Fundación Heinrich Böll señala que existe «erosión de las condiciones laborales y de la seguridad de quienes se dedican a generar noticias en el istmo». Además, destaca que las principales amenazas a la libertad de prensa en la región provienen del Estado y autoridades o actores relevantes dentro de cada sistema político.
En el caso de Nicaragua detallan que las personas continuaron recibiendo penas de prisión «draconianas» por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a criticar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que gobierna con mano de hierro el país.
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«En este período, las medidas represivas del oficialismo contra periodistas opositores llegaron a niveles particularmente crueles», refiere.
Arrebato de nacionalidad
Esos «niveles crueles» se evidenciaron en febrero de 2023 cuando el régimen de Ortega y Murillo decidió quitarle la nacionalidad a más de 300 personas, entre las que se encontraban periodistas y directores de medios que continúan ejerciendo la profesión desde el exilio.
Las principales razones por la que los profesionales de la comunicación señalaron estar fuera de su país de origen son: el exilio forzado, el refugio y la persecución política en sus respectivos países.
Leyes para encarcelar
En el caso de Nicaragua, el 85,7% de los consultados para el estudio indicó que el régimen del dictador Ortega sí ha presentado iniciativas para controlar o limitar los contenidos de los medios o la libertad de prensa. En las respuestas destaca la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía.
La Ley Especial de Ciberdelitos es un instrumento jurídico para aplicar a medios y periodistas independientes, y la califican como «un ejemplo claro de un instrumento para criminalizar la labor periodística y con ello socavar la libertad de prensa».
Además, señalan que «por esta ley el colega periodista Victor Ticay es preso político en Nicaragua y fue sentenciado a 8 años de cárcel». Asimismo, señalan que dicha norma se utiliza para levantar acusaciones falsas bajo el supuesto delito de difusión de «noticias falsas».
«En todas estas prácticas de censura e intentos de silenciamiento los gobiernos están teniendo un papel central. Lamentablemente, quienes participaron en el estudio señalaron a sus respectivas autoridades políticas como las promotoras o responsables de todas estas formas de violencia», refiere el documento.
La situación de las mujeres periodistas
Las mujeres periodistas en Centroamérica sufren hostigamiento y censura, según el informe. También deben lidiar con el trato diferenciado, el acoso sexual y el hostigamiento laboral en sus propias salas de redacción lo que les «dificulta avanzar profesionalmente tan rápido como lo hacen los hombres comunicadores de la región».
«Deben lidiar con un tipo de violencia en redes sociales de internet, particular que no sufren sus colegas hombres, y que se ciñe de forma cruel y enfermiza con sus cuerpos, sus hijos e hijas, sus características físicas y sus decisiones de vida afectiva y sexual», resalta.
Para paliar esta situación las mujeres están respondiendo de forma resiliente y creativa. Han optado por fundar sus propios medios de comunicación digitales y «generando alianzas y colectivos que puedan ayudarles a enfrentar la situación».