A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó la negativa a brindar un salvoconducto para el expresidente Ricardo Martinelli, luego de que, este miércoles, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgara asilo político en la embajada nicaragüense ubicada en el país canalero.
De acuerdo con el informe, la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, fue convocada a la Cancillería panameña para entregarle la nota DM-MIRE-2024-013186, con fecha del 9 de febrero de 2024.
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En dicha nota, la cancillería panameña argumentó que la solicitud de Martinelli, quien está condenado a 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, de viajar como asilado político a Nicaragua, fue denegada «en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933».
De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño recordó a Sandoval Meza «la obligación de garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible».
«En tal sentido, toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática (nicaragüense), y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas», advirtió el organismo.
Martinelli, otro corrupto «refugiado» de Ortega
Actualmente, el régimen de los Ortega-Murillo mantiene privados de libertad, de manera injusta y en condiciones inhumanas, a los críticos de su gobierno, pero autorizó el acondicionamiento de la embajada nicaragüense en Panamá para albergar a su nuevo asilado político, Martinelli Berrocal.
Martinelli fue investigado, procesado y condenado por la justicia de su país, en julio de 2023, a más de diez años de prisión y el pago de una multa de aproximadamente 19 millones de dólares por el delito de «lavado de dinero».
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Después de auto declararse «perseguido político» y afirmar que su vida corre peligro en su país, el exjefe de estado se metió a la embajada de Nicaragua y de inmediato solicitó asilo político. Ortega, que es conocido por acoger a varios expresidentes perseguidos por la justicia de sus respectivos países por corrupción, de inmediato aprobó el asilo.