Nicaragua es el noveno país de América Latina que ofrece las peores condiciones carcelarias para los presos, según reportó un ranking del World Prison Brief (WPB), organización que guarda la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, los cuales son compilados por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICCPR, por sus siglas en inglés), en Reino Unido.
En Nicaragua se contabilizan ocho centros de reclusión donde se incluye el Sistema Penitenciario Nacional «Jorge Navarro», mejor conocido como «La Modelo», ubicado en Tipitapa. Esta prisión recibe el título como «una de las peores cárceles de Nicaragua» por el hacinamiento entre prisioneros, las torturas y el deterioro de su infraestructura.
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«La Modelo» se ha convertido en un ejemplo de cárcel para el contrabando y los expendios de drogas. Según las revelaciones de un exreo común, quien prefirió identificarse como José, cada año las condiciones son más precarias. El ciudadano, quien cumplió su condena por robo agravado, dijo que este penal se ha convertido en «mercado negro».
«Allí sobrevive el más fuerte»
En 2020, Amnistía Internacional denunció que en Nicaragua la cárcel y el Covid-19 fueron el «cóctel letal» que sirvió la administración de los Ortega-Murillo a los presos debido al hacinamiento en los penales y las precarias condiciones carcelarias que prestan esas instalaciones del país.
En más de dos décadas, los sistemas penitenciarios pasaron de tener 6,539 reos a contabilizar 21,098 para el cierre de 2023, que representó un incremento de casi el 330%. Mientras que la inversión pública en los penales disminuye de forma paulatina.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los gastos de manutención de esos centros en Nicaragua, en 2022, fueron de 609 millones de córdobas y, un año después, disminuyó a 588 millones de córdobas, es decir, 21 millones menos en comparación al año anterior.
El Estado controla todo
El último diagnóstico público sobre las cárceles en Nicaragua fue hecho en 1996 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el cual concluyó que el sector carcelario constituye una «encrucijada de gran importancia entre el sistema de justicia penal y la protección ciudadana», pues está mal orientado a seguir siendo una «escuela del crimen», y en el caso de los detenidos que ya han purgado su pena constituirán una importante amenaza para la sociedad.
Hasta 2006, con el entonces presidente Enrique Bolaños, los organismos de la sociedad civil tenían acceso a los sistemas penitenciarios para fiscalizar las condiciones de los presos y el respeto a los derechos humanos. No obstante, con la llegada de Ortega al poder, este mecanismo fue anulado, pues el régimen sandinista tomó control absoluto de los penales en Nicaragua.
Incluso, desde 2018, con el estallido sociopolítico en el país, la extinta Cruz Roja Nicaragüense (CRN) fue la única institución de derechos humanos y de primeros auxilios con «luz verde» para constatar las condiciones carcelarias, dando prioridad a los reos de conciencia.
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En ese sentido, el IIDH recomendó en su estudio que Nicaragua debería centrarse «en la rehabilitación exitosa del recluso», con la finalidad de que cuando haya cumplido su condena, «la comunidad quedará protegida ante al peligro».
Con Ortega en el poder, en Nicaragua ha proliferado el indulto de reos comunes, sumando hasta 2023 a al menos 38,540 prisioneros liberados en todo el territorio, para un promedio anual de 4,282 excarcelados. La mayoría de los transgresores dejaron sus celdas sin haberse rehabilitado por completo.
Por Voces Unidas.
