Dentro de una celda que mide 2 metros de frente y 3 metros de fondo, permaneció en cautiverio José, un exprivado de libertad que fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», ubicado en Tipitapa, tras ser declarado culpable de cometer robo agravado.
Para este reporte, José recuerda que sus días los pasó sobreviviendo en celdas pequeñas, insalubres y tomando, a veces, lo que él llamó «agua chacha», que es un caldo de carne con pocas verduras y va acompañado de arroz blanco. Antes de ser encarcelado, le gustaban los frijoles fritos, pero actualmente no quiere ni verlos. «Es que en la cárcel me los daban a punto de malearse, horribles», dice.
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José contó que las celdas de ese centro correccional son de «tamaños muy reducidos» y que solamente cuentan con dos camastros, uno sobre otro, una pila para agua, un hoyo como inodoro y un pequeño lavadero. «La vida es difícil allá. Uno ‘paga caro’ las faltas que comete», comenta José, que tras salir de su presidio, prometió «corregir sus pasos» para no volver a ese lugar.
«La Modelo» es una de las prisiones para hombres más grandes del país. Según historiadores locales, se comenzó a construir en 1955, durante la dictadura de la familia Somoza, y 11 años después, fueron inaugurados sus primeros pabellones. Aunque fue concebida como una correccional común, sus celdas también han sido utilizadas para presos políticos.
Dentro de sus celdas, estuvo preso Daniel Ortega, el dictador actual de Nicaragua. Fue el preso No. 198, condenado por participar en el asalto a un banco durante sus años de guerrillero. Años después, se convirtió en el carcelero de sus enemigos políticos, pues en «La Modelo» encerró a decenas de nicaragüenses que se han opuesto a que atornille en la presidencia.
Sobrepoblados
«La Modelo» fue construida para albergar a unos 2,400 reos. Sin embargo, en los últimos años ha llegado a tener una población penal de más de 5,000 personas. Hasta 2023, el «resucitado» Ministerio del Interior (Mint), contabilizó a 21,098 reclusos en todo el país, más de un 300% en comparación a 2008 (un año después del retorno de Ortega al poder) cuando el país contabilizó a 6,803 prisioneros.
A un costo de cinco millones de córdobas, en ese entonces unos 750 mil dólares, fue construido este penal en el municipio de Tipitapa, Managua. «La Modelo» se extiende por 13,980 metros cuadrados, y al fondo, separado por muros de cinco metros de alto, se encuentra el área de seguridad conocida como Galería 300, y más adentro, «El Infiernillo», un anexo de 150 celdas para un promedio de 300 presos más, donde se ubican las celdas de máxima seguridad y de castigos, las cuales están desprovistas de ventanas e iluminación.
En 1980, un año después que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomara el poder tras derrocar por la vía de las armas a la dictadura de la familia Somoza, en 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó «La Modelo» y constató las pésimas condiciones carcelarias, las que pese a los años, y otros gobiernos que ha habido, no han cambiado.
La CIDH describió a «La Modelo» como un edificio con siete grandes pabellones distribuidos a partir del edificio principal, tres a cada lado y uno al fondo. Dentro de los pabellones, las celdas están repartidas en dos pisos donde solo hay un baño. Los presos vivían hacinados y en malas condiciones.
Temida y respetada, «La Modelo» es un lugar de encierro para criminales, delincuentes y personajes destacados del país opuestos al poder, tales como el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien por órdenes de Ortega pasó casi un año en una celda de máxima seguridad por ser un férreo crítico de su gobierno.
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Solo para mujeres
En el mismo municipio donde funciona «La Modelo», se erige el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como «La Esperanza», la cárcel exclusiva para mujeres en Nicaragua, cuyo concepto fue inaugurado en 1987, en el kilómetro 14 de la carretera Masaya, Managua.
Posteriormente, el penal pasó a ser construido en Tipitapa, con 1.8 millones de dólares incautados a un grupo de narcotraficantes capturados durante la llamada «Operación Televisa», ocurrida en el 2012.
En un inicio, esta prisión fue una de las mejores del país al contar con excelentes condiciones carcelarias, pues el número de reclusas siempre fue poco. Sin embargo, a partir del estallido sociopolítico de 2018, cuando las cárceles de Nicaragua empezaron a «llenarse» de presos y presas políticas, las denuncias por malos tratos y torturas incrementaron en «La Esperanza».
Las condiciones de hacinamiento empezaron a ser más frecuentes en estos calabozos, incluso se llegó a contabilizar a 15 presas en una celda pequeña, de acuerdo a relatos de reclusas. «La Esperanza» se divide en tres pabellones, en los cuales se encontraban las mujeres mayores privadas de libertad con padecimientos crónicos.
En esta prisión de mujeres, la insalubridad ha sido un problema con el que conviven a diario las reclusas, sobre todo por la proliferación de insectos, ratas, y cucarachas. En caso de necesidades médicas, las reclusas han denunciando que el centro de salud penitenciario es sumamente pequeño y no cuenta con los equipos necesarios para tratar ciertas enfermedades, según una exrea de conciencia que ahora se encuentra en libertad.
Incluso, hubo denuncias de que se les obligaba a las reclusas a vestir el mismo uniforme azul hasta por una semana, con derecho solo a dos cambios de ropa interior.
La defensora de derechos humanos y abogada nicaragüense Yonarqui Martínez dijo que «La Esperanza», a pesar de ser más limpia en comparación a otras cárceles, padecía los mismos problemas de hacinamiento. Además, las detenidas sufrían malos tratos psicológicos, sobre todo, si era una prisionera política.
El temido «Chipote»
Sin embargo, «La Esperanza» y «La Modelo» no son las únicas prisiones donde las mujeres y hombres que llegaron por persecución política han denunciado torturas, hacinamientos y violaciones. El régimen también cuenta con la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote», la cárcel que por años se ubicó en la Loma de Tiscapa, una pequeña elevación de origen volcánico situada en el centro de Managua.
«El Chipote» llegó a registrar un sinnúmero de denuncias por maltrato hacia los reos. En 2014, reportaron 750 denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridos en esta cárcel, como la desatención médica y la mala alimentación de sus detenidos.
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En 2019, la prisión fue reemplazada por el Complejo Policial «Evaristo Vásquez», y la población bautizó al sitio como el «Nuevo Chipote», debido a que el patrón de tratos se mantuvo, aunque con celdas remozadas. Este centro de detención se eleva en las inmediaciones del Parque de Ferias del barrio Memorial Sandino, en Managua. La construcción tuvo un costo aproximado de 5 millones de dólares.
La inauguración de la nueva cárcel ocurrió luego que en 2018, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH) demandara al régimen el cierre de «el viejo Chipote» tras conocerse sólidos testimonios de torturas que van desde golpizas, abusos sexuales, sodomización y asesinatos.
«Los testimonios recibidos por la OACNUDH señalan que algunos detenidos han sido sometidos a torturas físicas, incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambres de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación», indica el informe de la ONU.
«Tanto hombres como mujeres, que han sido detenidos, han proporcionado a la OACNUDH relatos de la violencia sexual vivida mientras estaban privados de libertad. Algunas mujeres fueron objeto de violaciones y señalaron que son comunes las amenazas de abuso sexual. Los detenidos varones también denunciaron casos de violaciones con rifles y otros objetos», agrega el informe.
La creación del «Nuevo Chipote» fue una forma de bajarle el tono a las graves denuncias internacionales en contra de «El Chipote» original. Aunque el régimen no estuvo dispuesto a brindar un trato más humano en las nuevas instalaciones a los ciudadanos que nunca dejaron de exigir el fin de su mandato.
Daniel Ortega y Rosario Murillo hicieron pagar a los opositores con secuestros y desaparición forzada que los hubieran desafiado. En otra irregularidad en los procesos judiciales, ordenaron a los jueces ir a las cárceles, realizar los juicios y dictar las condenas dentro de las mismas.
