Ante una creciente preocupación sobre cómo el régimen orteguista permite que Nicaragua sea un «trampolín» de migrantes, el senador de Florida ante la Cámara Alta Estados Unidos Marco Rubio compartió su propuesta de incluir a Nicaragua en la lista de países que patrocina la trata de personas.
El 24 de enero de 2024, el senador declaró en su cuenta de X que «bajo la dinastía criminal e ilegítima de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se convirtió en la puerta de entrada para la trata de personas en Latinoamérica».
Por lo tanto, el diplomático le pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que «responsabilice a esta dictadura del aumento en la migración irregular», como también que «Nicaragua sea incluido como un Estado patrocinador de la trata de personas en el informe anual de EE. UU.».
La propuesta de Rubio fue recibida de manera positiva por los opositores del régimen de Ortega y Murillo. Por ejemplo, el economista y exreo político, Juan Sebastián Chamorro, comentó que «el tráfico de personas que promueve Ortega y Murillo no es solo un negocio que se lucra de las personas en necesidad, sino que representa un arma política que tiene el régimen a su disposición».
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El año 2024, que recién comienza, será difícil para el pueblo nicaragüense, pues los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo continuarán radicalizando su totalitarismo con el fin de afianzar su permanencia en el poder, amparados en el estado policial impuesto desde el 2018 y así garantizar la sucesión dinástica, advirtió esta semana el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
En un análisis elaborado por el organismo independiente regional, y publicado en el Boletín «Perspectivas»; señala que, el presente año ha iniciado «con augurios desfavorables» para toda Centroamérica, y particularmente para Nicaragua.
El CETCAM indica que la dictadura Ortega-Murillo «ha radicalizado su autoritarismo» con miras a entronizarse en el poder y de paso tener garantías para la sucesión de una dinastía que, según analistas, todo apunta a que continuaría con Rosario Murillo y luego con el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, apodado como «El Chigüin», en alusión al hijo del anterior dictador Anastasio Somoza, que pretendía pasarle el poder a su descendiente, Anastasio «El Chigüin» Somoza Portocarrero, tal como lo pretenden los actuales tiranos.
Con la mirada puesta en ese objetivo, la pareja en el poder ha desarrollado un proceso de «institucionalización del estado policial de facto» impuesto desde 2018, tras el estallido social de ese año en demanda de democracia.
La subordinación absoluta de la Policía a Ortega así como la reactivación y supeditación del Ministerio de del Interior al órgano represivo policial es «un marco jurídico que legalizó la vigilancia, el control y la represión sobre toda la sociedad y sobre grupos de personas específicas», dice el análisis.
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Solo ocho días después de oficializar la junta directiva de la Empresa Nicaragüense del Gas (ENIGAS), el régimen derogó el acuerdo presidencial 04-2024 y nombró a un nuevo presidente.
El 16 de enero aparecía el nombre del general en retiro del Ejército Mario Alejandro Perezcassar como el presidente de esa entidad. El anuncio se dio después de la firma de un «megaproyecto» que consiste en la construcción de una planta de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con financiamiento chino.
En La Gaceta, Diario Oficial, de este 24 de enero de 2024, la dictadura de Nicaragua compartió la nueva directiva de ENIGAS. El Acuerdo Presidencial No. 15-2024 recuerda que «de acuerdo con la Ley N° 1017, Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas», el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los miembros de la junta directiva de la empresa.
Por lo tanto, el caudillo sandinista nombró a Luis Adrián Pichardo Chávez como el presidente de ENIGAS. A pesar de no ser un nombre tan conocido, Pichardo apareció en repetidas ocasiones durante investigaciones sobre los negocios de Francisco «Chico» López Centeno, aliado de Ortega y acusado de realizar «tratos turbios». Sin embargo, el designado mantiene un perfil más bajo que el anteriormente nombrado presidente de ENIGAS, el general de brigada en retiro del Ejército, Mario Alejandro Perezcassar Pereira.