Tras la reciente cancelación de la personalidad jurídica de otras tres universidades de Nicaragua, alcanzando casi las 30 casas de estudios ilegalizadas, opositores condenaron esta acción y afirmaron que la intención de la dictadura sandinista es «dar una vez más una bofetada a la juventud nicaragüense del presente y del futuro».
Las casas de estudios que el Ministerio de Gobernación canceló son la Universidad Metropolitana (UNIMET), la Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Universidad Adventista de Nicaragua (UNADENIC).
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Para Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), esta acción muestra el «pánico» que tiene el gobierno orteguista a la juventud y a los estudiantes.
Asegura que el temor de Ortega y Murillo es porque saben que «en la historia de Nicaragua, la juventud y los estudiantes son y han sido incidentes en los entes de las políticas públicas».
Señaló, además, que la arremetida de la dictadura es una negación del derecho fundamental a la educación, «y esto que aún los jóvenes de esas universidades privadas tenían que pagar, porque no tenemos universidades (en referencia a la UNN) estatales como en el caso de Nueva Segovia».

«Una vez más creo que le está quedando claro al pueblo de Nicaragua de que este —la dictadura de Ortega— es un régimen que no ofrece presente ni futuro, mucho menos estabilidad ni paz ni tranquilidad al pueblo de Nicaragua, como ha sido su retórica», subrayó.
En referencia a la paz y tranquilad que proclama a diario el gobierno de Ortega, Castillo refirió que la paz para el país «significa poder ir a la escuela, estudiar, tener un empleo, comer, sembrar la tierra y hacer eso sin persecución, pero en este momento lo que menos tiene Nicaragua es tranquilidad y acceso a sus derechos fundamentales porque estamos siendo despojados de todo».
«Está de duelo Nicaragua cada vez que se decapita una universidad»
La opositora remarcó que la nueva arremetida «es un aniquilamiento a los derechos en Nicaragua, donde los únicos que conservan los privilegios es la dictadura, su familia y sus allegados; y es lamentable porque cada día que pasa, un año escolar, un semestre cuenta en la vida de cada joven y más en el norte que cuesta ganarse el pan de cada día».
En cuanto a la Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), incluida en la lista de instituciones ecdémicas descabezadas, la defensora de derechos humanos recordó que tanto el norte de Nicaragua como la Costa Caribe han sido territorios históricamente olvidados por todos los gobiernos.
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«Hay un rezago histórico, una pobreza estructural, el déficit educativo es altísimo, y ese déficit intentábamos llenarlo muchísimas veces, desde los proyectos que emprendíamos las organizaciones no gubernamentales, construyendo escuelas, preescolares, y de otra manera, también, lo hacen universidades privadas, como es el caso de la UNN», enfatizó.
Recalcó que el norte de Nicaragua es un territorio donde los jóvenes no tienen los recursos para irse a Managua, León, donde se concentran las principales universidades, ya que son regiones que ni siquiera hay acceso a la seguridad social.

Por su parte el exreo político y líder universitario Max Jerez afirmó que el dictador Daniel Ortega sigue enfocado en cerrar todos los espacios independientes, y «estas acciones atentan contra la libertad de pensamiento».
Insistió que el objetivo del orteguismo es para que los jóvenes y estudiantes no puedan tener acceso a la educación fuera del control de la dictadura, «y así ejercer control social».
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«También hay un poco de insensibilidad porque se está limitando el acceso a la educación de jóvenes que viven fuera de Managua, lo que lleva a la dictadura de Daniel Ortega a cometer otro crimen de lesa humanidad que vive pensando en controlar el poder a toda costa, en este caso a través del espacio independientes de pensamientos».
La dictadura de Nicaragua sigue su ola represiva en contra de organizaciones sin fines de lucro. Entre las universidades que han sido canceladas hasta la fecha están la UCAN, HUSIPAM, Universidad Rubén Darío, de Carazo; UPINIC, Paulo Freire, URACCAN y BICU.
Cabe destacar que desde el 2018, la administración Ortega y Murillo ha cancelado más de tres mil organizaciones, entre ellas más de una veintena de universidades, bajo la aplicación de leyes represivas.