Los congresistas republicanos de Estados Unidos Christopher Smith y María Elvira Salazar propusieron una nueva ley para condenar la represión de la dictadura orteguista. La propuesta de Ley H.R. 6954, Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act 2024 (Ley de 2024 para Restaurar la Soberanía y Derechos Humanos en Nicaragua), busca reavivar anteriores leyes del gobierno de Estados Unidos para presionar al régimen.
En la introducción de esta nueva propuesta, el 11 de enero de 2024, los creadores de la ley recordaron que «desde el 20 de diciembre de 2023, la Policía sandinista ha detenido a 17 religiosos de la Iglesia católica, incluyendo al obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora», y denunciaron que «sus paraderos son desconocidos». A su vez, mencionaron que monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, tiene más de 500 días encarcelado de manera injusta.
Ambos congresistas presidieron dos audiencias del Subcomité de Salud y Derechos Humanos Globales de la Cámara de Representantes de Asuntos Exteriores en marzo y octubre de 2023, en las que escucharon testimonios de presos políticos y exiliados por la persecución que sufrían en Nicaragua por el régimen.
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Basado en los testimonios y reciente persecución a los religiosos en Nicaragua, Chris Smith, representante por el estado de New Jersey consideró que «los Estados Unidos debe de actuar rápido e implementar distintas herramientas para poder dar fin a los abusos que comete diariamente la dictadura a sus opositores».
Por su parte, la representante por el estado de La Florida, María Elvira Salazar respaldó al representante del cuarto distrito de Nueva Jersey, y dijo que «el régimen satánico de los Ortega-Murillo ha desaparecido toda humanidad en Nicaragua». «Todos los días, la dictadura comete todo tipo de violaciones a los derechos humanos, han forzado a miles de nicaragüenses al exilio y atacaron a todos los que no estuvieron de acuerdo con su mandato», agregó.
La introducción de este nuevo proyecto de ley estableció que «las sanciones serán robustas y se enfocarán en atacar a los sectores de la economía controlados por el régimen, el cual, cada día, aumenta su persecución contra la Iglesia católica».
Por lo tanto, ambos republicanos propusieron, primeramente, «imponer sanciones económicas de mayor magnitud enfocadas en responder al régimen y su persecución». Más específicamente, establecieron que buscan «fortalecer las sanciones en sectores de la economía nicaragüense que beneficien a la familia dictatorial».
Los dos congresistas propusieron «revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR)».
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En la misma línea, plantean la prohibición de la inversión de Estados Unidos en Nicaragua. Sin embargo, esto tendría que ser reforzado por la administración Biden (actual presidente de E.E.U.U.), que tendría que implementar una estrategia diplomática y organizada que restrinja las inversiones y préstamos que beneficien a la dictadura.
Por último, la propuesta estableció «renovar y fortalecer las leyes Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 (Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua) y Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (RENACER) act of 2021 (conocida como Ley Renacer).
Las leyes que no han sido satisfechas para la oposición
La Ley Renacer exigía sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021, como también proponía coordinar sanciones entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa, ampliar los mecanismos de préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua, entre otras. Sin embargo, la administración Biden ha sido criticada por aplicar esta ley de manera «suave» y no con la fuerza que los opositores esperaban.
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Por otro lado, la Ley de 2018 tenía como objetivo promover la democracia, detener la corrupción, la ola de violencia en el territorio nicaragüense y elecciones anticipadas, mientras se presionaba económicamente al régimen de Daniel Ortega.