Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Costa Rica, declaró que «nunca estuvieron encargados de proteger a Joao Maldonado ni a su esposa, Nadia Robleto», quienes sufrieron un atentado en el sector de San Pedro, de Monte Oca, San José, el 10 de enero de 2024.
En una entrevista compartida por distintos medios de comunicación, Brenes comentó que «la OIJ no tenía la responsabilidad de proteger a Joao Maldonado ni a Nadia Robleto». Posteriormente, profundizó que «de acuerdo a la Ley 8720, el programa de protección de víctimas y testigos está bajo la tutela de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, del Ministerio Público».
El funcionario detalló que «esta oficina, en conjunto a su equipo evaluador, se encarga de determinar el grado y tipo de protección que se les dará a las personas que apliquen al programa». «Cuando el equipo de la oficina del Ministerio Público considera necesaria la participación de la OIJ, el organismo recibe la notificación». Sin embargo, «en este caso los nicaragüenses seguían bajo tutela la oficina del ministerio», aclaró.
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A su vez, el funcionario de la OIJ confirmó que en el programa de protección de víctimas y testigos «todos firman los documentos por voluntad propia y deben de cumplir con los requerimientos, características y recomendaciones que da el equipo evaluador».
Por último, Brenes aclaró que «en todos estos años, OIJ no tuvo ninguna injerencia con los nicaragüenses ni recibió comunicaciones sobre ellos». «No están bajo nuestra tutela ni nunca lo han estado», afirmó.
Los organismos desconocen a quien le correspondía la protección de Joao Maldonado
El Gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, negó, durante una conferencia de prensa el 11 de enero de 2024, que su Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) haya estado brindando seguridad al líder opositor nicaragüense Joao Maldonado, quien fue víctima de un segundo atentado a balazos en territorio costarricense.
La administración del presidente Chaves aseguró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) «no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona», con lo que busca desligarse de cualquier señalamiento de negligencia en la seguridad del dirigente opositor que ya ha sufrido dos intentos de asesinato en plena vía pública en suelo tico, a manos de pistoleros hasta ahora no identificados.
Si no era la DIS ni la OIJ ¿Quiénes eran los agentes que lo llevaron a una casa de seguridad?
Lo que no aclaran ni la Presidencia de Costa Rica, ni la OIJ es quiénes eran entonces los agentes que irrumpieron en la casa de Joao Maldonado, en horas de la madrugada, hace varias semanas para llevaron a una casa de seguridad para «protegerlo», por que ya el perseguido político había recibido las amenazas de las mismas personas que lo habían advertido en el 2021 cuando fue atacados a tiros, de que en esta ocasión «no iban a fallar», según lo declaró el mismo Maldonado hace algunos días al medio costarricense La Nación.
Artículo 66 también supo que Joao Maldonado sí estaba siendo custodiado por un dispositivo de seguridad del Estado, porque después de que España le otorgó la nacionalidad, el opositor debió acudir a la embajada ibérica en San José para realizar trámites relacionados con su pasaporte y llegó a la sede diplomática escoltado y seguido por tres vehículos.
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De acuerdo a declaraciones enviadas a periodistas, a través de mensaje de voz, por parte de la oficina de prensa de la OIJ, Maldonado, de 34 años, recibió siete heridas de proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo, como tórax y cabeza. Mientras que su esposa, de 36 años, presentaba una herida en su cabeza, que fue causada por la misma arma.
El más reciente ataque hacia los nicaragüenses exiliados ocurrió en el sector de San Pedro, de Monte de Oca, San José, este miércoles, 10 de enero. «A eso de las 10:55 de la mañana, se recibió un reporte por parte del ‘911’ donde indicaban que un hombre y una mujer habían sido trasladados a un centro médico por heridas provocadas por un arma de fuego», indica la OIJ.