El Gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, negó que su Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) haya estado brindando seguridad al líder opositor nicaragüense Joao Maldonado, quien fue víctima de un segundo atentado a balazos en territorio costarricense, y al mismo tiempo aseguró que no tienen indicios de que en ese país opere una «célula organizada» por el régimen de Nicaragua, que pueda haber intentado asesinar al opositor.
En un comunicado de prensa de cinco puntos, hecho público este jueves, 11 de enero, un día después del atentado criminal contra Maldonado, la administración del presidente Chaves aseguró que la DIS «no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona», con lo que busca desligarse de cualquier señalamiento de negligencia en la seguridad del dirigente opositor que ya ha sufrido dos intentos de asesinato en plena vía pública en suelo tico, a manos de pistoleros hasta ahora no identificados.
Maldonado, de 34 años, exiliado en Costa Rica desde 2018 y bajo condición de refugiado político, y su pareja Nadia Robleto, de 36, fueron víctimas de un ataque a tiros a plena luz del día en una calle de Montes de Oca, en San José. El opositor recibió 7 disparos en varias partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, y su novia fue herida con al menos un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital de la capital tica donde permanecen en estado delicado.
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Joao ya había sido blanco de un primer atentado, también a tiros y de igual manera, perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en septiembre de 2021. En esa primera ocasión le acertaron cuatro disparos, pero logró sobrevivir.
El periódico La Nación, de Costa Rica, publicó una nota en la que cita a Maldonado, asegurando que estaba bajo la protección de la DIS. La presidencia costarricense niega esa versión.
Asimismo, la administración Chaves asegura, en la misma nota de prensa, que «no existe ningún tipo de indicios» de que en suelo costarricense opere una célula «organizada y controlada por el Gobierno de Nicaragua», con lo que pone en entredicho las acusaciones de opositores exiliados en ese país, que responsabilizan al régimen Ortega-Murillo de ser responsable de los dos atentados contra el exiliado político que lideró las protestas sociales de 2018 en el departamento de Carazo.
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En el comunicado de prensa, que constituye la primera reacción oficial de la presidencia costarricense luego del atentado contra el joven exiliado, afirman que ese gobierno garantiza la seguridad de todas las personas, incluyendo a los refugiados y solicitantes de refugio y argumentan que el caso de Maldonado es «un caso puntual».
Asimismo, se comprometen a actuar conforme los hallazgos que resulten de las investigaciones que realizan los órganos judiciales competentes de ese país, conforme a sus leyes.
Tras el intento de asesinato fallido contra el dirigente opositor nicaragüense, la oposición en el exilio, así como defensores de derechos humanos han responsabilizado a la dictadura de Nicaragua del hecho.
