El activista político opositor Joao Maldonado, perseguido por la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, y quien está exiliado en Costa Rica desde el 2018, fue blanco de un segundo atentado armado, junto a su pareja, Nadia Robleto, en una calle principal de la localidad de Montes de Oca, en San José, la mañana del 10 de enero.
Producto del ataque, Maldonado y su compañera de vida recibieron múltiples disparos que los tienen en condición grave en un hospital de la capital josefina.
Ante este segundo acto violento contra el opositor, diferentes organizaciones humanitarias se pronunciaron para exigir justicia en nombre del activista político. También emplazaron a las autoridades del gobierno costarricense a que investigue este crimen y encuentre a los autores materiales e intelectuales de este atentado.
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El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) emitió un comunicado en su perfil oficial de la red social de X, donde expresan su «abundante preocupación» sobre el ataque contra Maldonado y Robleto. «CALIDH condena este acto violento y responsabiliza al Estado de Nicaragua. Con claridad, este atentado evidencia los modos de operar del Frente Sandinista, especialmente de las fuerzas paramilitares», detalla el informe.
De igual manera, el organismo denunció que «el Ejército debe recordar su mandato constitucional de ser la única fuerza militar del país y, por tanto, está en la obligación de desarticular y desarmar a grupos que actúan bajo la impunidad del régimen». La nota añade que «la violencia extraterritorial visibiliza esta conducta persistente, que constituye un crimen de lesa humanidad por persecución política, que ya el Estado viene cometiendo desde 2018».
«Exigimos a las autoridades costarricenses la protección de todos los nicaragüenses que están bajo su jurisdicción territorial, asimismo la determinación, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación integral de Joao y su esposa», finaliza el comunicado, que se publicó horas después de la agresión contra los opositores refugiados en Costa Rica.
La vicedictadora y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, soltó, otra vez, una serie de ofensas e insultos contra los opositores y sacerdotes de la Iglesia católica, en su mensaje conmemorativo por los 17 años de gobierno de la dictadura. La vocera del Estado acusó de «diablos» y «de falsa santidad» a los líderes católicos.
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Murillo inició su comunicado con recuerdos de la revolución de los años ochenta y recalcó que «en Nicaragua hay paz gracias a que el pueblo luchó por conseguir esa paz», mientras mencionaba al «pueblo» cada vez que se refería al gobierno sandinista.
Sin embargo, en su lenguaje florido y rebuscado comentó que «desde la primera etapa» del Gobierno de Ortega, «hubo múltiples perversos que se dedicaron a destruir lo que el pueblo construyó». «Siempre estuvieron presentes los mismos demonios con máscaras y disfraces, solamente que eran diferentes en cada momento», añadió.
Murillo fustigó que «ellos siembran terror, odio, maldad, egoísmo, avaricia, codicia y servilismo, pero el pueblo sigue aquí luego de vencer a esos fanáticos serviles que nacen con alma de esclavo». La primera dama insistió que «por mucho poderío material, no se pueden deshacer de su alma de esclavo, lo que los lleva al servilismo de otros porque, según ellos, tienen más poder material».
La vicepresidenta de Nicaragua llamó y condenó que «algunos dicen servir a Dios, pero sirven a los demonios como Satanás y Lucifer» y que «no aman a su patria ni su cultura». Murillo proclamó que «Dios nos ayuda a quitar máscaras y a mostrar el verdadero rostro de odio de quienes están revestidos de falsa santidad» y especificó que «engañar a la santidad es algo serio y difícil de seguir».
La administración del dictador Daniel Ortega embargó la empresa internacional Cisa Exportadora, filial en Nicaragua de la multinacional Mercon Coffee Group, en reclamo por una supuesta deuda de 30 millones de dólares por compromisos fiscales, cobro que la transnacional cuestiona.
Según información divulgada por el sitio web especializado en economía, Bloomberg Tax, que cita al abogado Paul Keenan, del bufete Baker McKenzie, representante de Mercon Coffee Group, ejecutivos de la multinacional estarían en «delicadas» conversaciones con agentes fiscales de Managua, para buscar una solución al embargo interpuesto por el régimen Ortega-Murillo, pues, además que cuestionan la exactitud de dicho cobro, esa maniobra de la administración nicaragüense estaría entorpeciendo el proceso de solución a la quiebra declarada por la empresa el pasado 7 de diciembre.
«Mercon Coffee Corp. está en un diálogo delicado con funcionarios fiscales de Nicaragua que han tomado el control de los activos del proveedor global en el país», dijo el abogado a la revista económica.
Según el abogado corporativo, el embargo ejecutado por el régimen de Nicaragua contra Cisa Exportadora entorpece los esfuerzos que realiza la transnacional para sanear sus finanzas y de paso «infringe la paralización de los cobros» a lo que tiene derecho por haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos.