Como parte de la intensificación de su campaña represiva, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió con brutalidad contra los opositores, a quienes mantiene encerrados arbitrariamente en sus cárceles, bajo irregularidades en los procesos judiciales y en condiciones inhumanas e insalubres, según reporta el más reciente informe difundido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
El organismo opositor detalló que, en el período entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, registraron un incremento de 43 encarcelamientos arbitrarios, por lo que, hasta la fecha, se contabiliza un total de 119 reos de conciencia, de los cuales 100 son hombres y 19 mujeres. En esta misma cifra, se incluye a 10 varones que fueron arrestados previo al estallido sociopolítico ocurrido en 2018.
La organización asegura que, de las más de 40 detenciones realizadas en los dos últimos meses del año pasados, solamente 13 personas fueron liberadas en diferentes momentos.
De igual manera, el documento destaca que los allegados de los reos políticos también reciben agresiones por parte de los agentes policiales, mismos que están al servicio de la pareja gobernante. «Los familiares son amenazados para que no divulguen detalles sobre las visitas o el estado de salud de los detenidos. Las autoridades los coaccionan, advirtiéndoles que si denuncian estas situaciones ante organismos de derechos humanos, se les cancelarán las visitas o, incluso, podrían empeorar las condiciones de detención de sus seres queridos», explicó el organismo.
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El reporte agrega que además de estas amenazas, la Policía intimida a los familiares con la posibilidad de también encarcelarlos. Para el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, «estas prácticas coercitivas de las autoridades penitenciarias generan un ambiente de silencio forzado y miedo, dificultando aún más el acceso a la verdad y a la justicia para estas personas detenidas por razones políticas».
Ortega arremete contra la religión
Las agresiones y el asedio por parte de la dictadura orteguista contra la libertad religiosa aún persiste y ha dejado graves consecuencias para las Iglesias, sus miembros y sus feligreses. Aunque la entidad católica sufrió una mayor cantidad de ataques, la comunidad evangélica también recibió prohibición hostigamientos, amenazas y encarcelamiento de sus líderes espirituales.
Después de que el régimen liberara y desterrara a Roma a doce sacerdotes, en octubre de 2023, en un lapso de dos meses, encarceló a 14 clérigos, obispos y seminaristas, lo que provocó que otros curas huyeran del país o buscaran refugio seguro para no terminar capturados. En la cifra total de religiosos encarcelados, se incluye el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de 500 días encarcelado, y al obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro Mora.
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El 29 de diciembre, a solo horas de que el mundo celebrara el fin de año y el recibimiento del nuevo, la guardia de los Ortega-Murillo secuestró a cinco pastores católicos más: monseñor Silvio Fonseca, de la parroquia Santa Faz y vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis y director del instituto Juan Pablo II. Ese día, también fue apresado el sacerdote Mykel Monterrey, de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria; padre Raúl Zamora, de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia; el padre Gerardo José Rodríguez, de la iglesia Purísima Concepción, en el Reparto Belmonte, Managua y monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, también en Managua.
El último caso de secuestro conocido es el del cura José Gustavo Andino Ochoa, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en Santa María de Pantasma, Diócesis de Jinotega. Fue secuestrado el 31 de diciembre por paramilitares y policías. Según un documento presentado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, el sacerdote padece de múltiples enfermedades crónicas.
Posteriormente se liberó a monseñor Oscar Escoto, vicario general de la Diócesis de Matagalpa, y a Jader Guido, tercer vicario de la catedral de Matagalpa, aunque se mantienen bajo vigilancia de parte de la Policía. El informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas agrega que «algunas parroquias se vieron obligadas a cerrar temporalmente por temor a represalias y a más detenciones. Estas comunidades religiosas también son vigiladas y controladas por agentes policiales».
Policía castiga huelga de hambre
A inicios del mes de diciembre, se conoció que un grupo presos políticos de La Modelo iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta para exigir mejoras en su alimentación, respeto a sus horas de descanso nocturno, acceso a patio sol, material de lectura y un trato más humano y digno por parte de las autoridades. Sin embargo, en lugar de atender sus peticiones, las autoridades penitenciarias respondieron con medidas más represivas y violentas.
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El informe de la organización opositora detalla que el primero de diciembre, tras cantar el Himno Nacional y canciones alusivas a Nicaragua, una señal que marcaba el inicio de la huelga de hambre, los guardias trasladaron a siete reos de conciencia, esposados y encadenados de pies y manos, a celdas de máxima seguridad y los mantuvieron en condiciones de aislamiento.
«Estas personas permanecieron hasta once días sin recibir paquetes ni artículos de higiene personal, lo cual viola gravemente sus derechos al exponerlos a enfermedades por falta de elementos básicos para su aseo», destaca el informe. El organismo añade que los reclusos también «recibieron fuertes golpizas, malos tratos y torturas. Todo por ejercer su derecho a la protesta y exigir mejores condiciones carcelarias».
En la lista realizada por la organización opositora resaltan los nombres de los líderes estudiantiles Josseling Mayela Campos, Adela Espinoza Tercero, así como una de las representantes del partido indígena de YATAMA, Nancy Henríquez. Este listado es construido con la colaboración de organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas físicas y digitales.
