La Mesa de Concertación Democrática (MCD) de Nicaragua declaró que «no se puede sostener ningún diálogo con la dictadura de Daniel Ortega». En el pronunciamiento, la organización proclamó la «unidad para la liberación de Nicaragua» ante los «fraudes electorales y la ilegitimidad del régimen en sus procesos».
El organismo mencionó que «ante la ilegitimidad de origen y de ejercicio democrático del régimen orteguista por fraudes electorales seguidos y documentados, y por crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo nicaragüense, se presenta la posición de principios de la organización».
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La MCD destacó «la ilegalidad de la dictadura, la cual ha violentado a innumerables leyes, a la Constitución, a la Carta Democrática Interamericana (CDI) y a los derechos humanos». A su vez, profundizó que la CDI manda que «los nicaragüenses tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes».
El grupo opositor mencionó que «por todo lo anterior, se desprende que no se puede sostener ningún diálogo, ni negociaciones, ni elecciones con un régimen criminal, ilegítimo e ilegal». En el documento, la organización detalla que «nuestra acción principal es consolidar la refundación de la nación e iniciar un proceso de transición que conduzca a la democracia».
La organización declaró que «mientras no haya democracia, las organizaciones son las que representen la voz del pueblo». Recordó a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y mencionó que «nosotros los aquí representados no reconocemos la autoridad del régimen usurpador sobre nosotros». Agregó que «al no existir la legitimidad legal y moral de las principales autoridades del Estado, es necesario crear una estructura orgánica que se convierta en la voz de los nicaragüenses dentro y fuera del país».
El organismo realizó un «llamado patriótico a todas las organizaciones, plataformas y organizaciones opositoras para que, en el menor tiempo posible, se logre ser libres del régimen orteguista, que incluye a instituciones sancionadas como la Policía y el Ejercito Nacional».
A su vez, la MCD consideró que «de esta manera, nos proponemos terminar desde la raíz con el sistema que obedece al crimen organizado transnacional, traer a Nicaragua un cambio y crear una transición a un nuevo sistema con institucionalidad democrática descentralizada; enfocado en construir ciudadanía para el bienestar común en paz, justicia y libertad».
MCD pidió «sanciones que asfixien las instituciones y empresas que sostienen al régimen; reparación para las Madres de Abril, liberación de los presos políticos; y la integración de la diáspora con el fin de lograr el empoderamiento, coordinación y articulación del derecho de resistencia ciudadana».
Por último, el organismo invitó «a toda la ciudadanía, al pueblo general, a unirse a la Mesa de Concertación Democrática para hacer un llamado a mantener viva la resistencia, el grito y la llamada de abril».
Desde abril de 2018, con el inicio de las protestas sociales en Nicaragua la represión estatal se agudizó, lo que desencadenó en crímenes, heridos, exilio, migración y encarcelamientos arbitrarios. El régimen se amparó en leyes creadas y aprobadas por sus súbditos para crear una esfera de legalidad para castigar cada vez más a los opositores.
Las figuras más representativas de la oposición hasta fueron despojadas de su nacionalidad y aún hay más de 100 personas presas políticas.
La nueva organización de oposición en Nicaragua
La Mesa de Concertación Democrática se describe como «un movimiento comunitario dedicado a promover los valores y principios democráticos en Nicaragua». La mesa se conforma por 16 organizaciones independientes, las cuales, según el organismo, «trabajan coordinadamente y que se financian con sus propios recursos para cumplir sus objetivos».
Algunos de los miembros de la organización son la Juventud Social Cristiana, Verdadero Cambio, Jóvenes de Lomas Lindas; entre otros. Su misión es «fomentar una cultura de diálogo, participación y colaboración entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales internacionales».
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Este llamado a «no dialogar» y de denuncia se da después del anuncio de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en marzo del 2024 en la Costa Caribe del país. En un análisis del próximo proceso electoral caribeño publicado por Urnas Abiertas publicado en su sitio web oficial, advierte que «las Elecciones Regionales 2024 se llevarán a cabo en medio de altos niveles de violencia política, agravamiento de la invasión territorial y la cancelación, el tres de octubre, del partido indígena Yatama, que para grandes sectores de la población costeña significaba el único instrumento político que representaba sus demandas e intereses».