En la entrada principal de las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ubicado en Las Colinas, en Managua, fue colocado un rotulo, con el nombre: «Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias (INPAE)», instancia del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (SINAPRED).
De esta manera, el régimen de Daniel Ortega estaría consumando la expropiación del edificio de la patronal, a quien aniquiló, junto a sus cámaras, el seis de marzo de este año.
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Artículo 66 intentó conocer la opinión del empresario César Zamora, presidente del extinto Cosep, sin embargo afirmó que desconocía del rótulo y de la instalación del instituto gubernamental.
A través de los acuerdos ministeriales 26-2023-OSFL y 27-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación (Migob), publicados en La Gaceta No. 41, la dictadura argumentó que la ilegalización del Cosep y de sus cámaras fue porque supuestamente «no completaron el proceso de convalidación de registro; presentando inconsistencias en la información».
La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años. Ese «acuerdo» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.
Con la excarcelación y destierro de 12 sacerdotes de diferentes diócesis de Nicaragua, el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields señaló que queda en evidencia que la dictadura de Ortega inventó todos los delitos para encarcelarlos, como fue el caso de los sacerdotes Manuel Salvador García Rodríguez y José Leonardo Urbina Rodríguez, acusados por delitos comunes.
«La dictadura de Nicaragua nuevamente vuelve a quedar desnuda porque esos 12 sacerdotes habían sido señalados por diversos delitos, pero al dejarlos en libertad demuestra que las sentencias y las pruebas en los juicios eran espurios, falsos, prefabricados y promovido por el sicariato judicial», refirió a Artículo 66 el exdiplomático.
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Pese a la libertad de los religiosos, McFields aseveró que esto no significa que ha terminado la persecución religiosa, porque aseguró que la «estrategia» del régimen orteguista es «una puerta giratoria: Salen 12 y entrarán otros 12, 15 o 20 más sacerdotes».
«Sin embargo, queda avergonzado el régimen ante sus seguidores porque se cae el muro de mentira que había levantado», recalcó, desde el exilio, el opositor.
El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó, a través del portal religioso de noticias Vatican News, la salida de 12 sacerdotes que el régimen de Ortega mantuvo presos en las cárceles de Nicaragua o bajo «seminario por cárcel».
Sin mencionar directamente al régimen de Daniel Ortega, Bruni mencionó que «se ha pedido a la Santa Sede que acoja a 12 sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel. La Santa Sede ha aceptado».
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Asimismo, subrayó que los religiosos desterrados «serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde (de este 19 de octubre) y alojados en algunas dependencias de la Diócesis de Roma».
Los sacerdotes liberados fueron: el padre Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes, y según el mismo parte oficial de la dictadura nicaragüense, todos «serán recibidos en Roma, según coordinaciones, por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede».