Siete organizaciones opositoras, que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), rechazaron la reciente detención de tres sacerdotes nicaragüenses, el pasado fin de semana.
El domingo, primero de octubre, la Policía al servicio del régimen de Ortega, secuestró a los sacerdotes Iván Centeno, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción, de Jalapa, Nueva Segovia, Julio Ricardo Norori, párroco del templo San Juan Evangelista, de San Juan del Río Coco, perteneciente a la Diócesis de Estelí y Cristóbal Reynaldo Gadea, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Merced, de El Cuá, Jinotega.
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Pude, a través de un comunicado, señaló que la dictadura de Nicaragua ha actuado en «la oscuridad de la noche, como criminal, violando flagrantemente los derechos humanos sin ninguna base legal que respalde sus acciones».
Señaló que «la conducta» del régimen orteguista «va en contra de las leyes nacionales e internacionales, socavando los derechos fundamentales, la libertad individual y la fe de los ciudadanos».
También manifestó que la administración Ortega y Murillo continúa su plan de desarticular las estructuras de las iglesias «con especial odio contra la Iglesia Católica»
«En su aferramiento enfermizo al poder considera la labor profética de los sacerdotes una amenaza a su resquebrajada estabilidad política, viéndolos como sus enemigos (…) por ello denunciamos la falta de libertad religiosa del pueblo ante la nación y el mundo», denunciaron las organizaciones aglutinadas.
Ortega «afanado» por mantener el poder absoluto en Nicaragua
Por otra parte, las organizaciones opositoras hicieron hincapié en que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, «en su afán de mantener el poder absoluto en el país, abusan de la Constitución Política y de los debidos procesos jurídicos».
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Además acusó a las autoridades judiciales de ser cómplices, dejando a los nicaragüenses desamparados, «negándoles un juicio justo y la oportunidad de defenderse ante acusaciones infundadas».
La plataforma política remarcó que hasta la fecha se han documentado casos de maltrato y tortura durante las detenciones arbitrarias de opositores y religiosos, creando, según afirman, «un ambiente de temor y desconfianza en la sociedad, erosionando aún más la institucionalidad nicaragüense; así mismo, ha dado como resultado que más de 80 inocentes estén privados de su libertad por pensar diferente».