La declaración de emergencia nacional para enfrentar la crisis migratoria en Costa Rica, anunciada el 26 de septiembre por el presidente Rodrigo Chaves, es una medida que podría estar criminalizando a los migrantes y violando sus derechos humanos y en el peor de los casos poniendo en peligro su integridad, advierten analistas y defensores de derechos humanos consultados por Artículo 66.
Para el abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el mandatario Chaves declaró emergencia nacional debido a la situación que se enfrenta en la frontera entre Panamá y Costa Rica, ya que miles de migrantes han estado usando el país como una ruta de tránsito hacia otro destino principalmente Estados Unidos y esto ha generado una crisis humanitaria.
Sin embargo, esa emergencia podría tener efectos también en la población migrante refugiada y solicitante de refugio. «Esto podría generar, como consecuencia, la probable criminalización de la migración, de la búsqueda de la protección internacional ya que es riesgoso tener este tipo de políticas restrictivas a personas en situación de Movilidad Humana», analiza el defensor.
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Recordó que Costa Rica históricamente ha sido un país respetuoso de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y comprometido con la democracia, e incluso es firmante del Estatuto de la Convención de los Derechos de los refugiados. «Es necesario que se respete esta Convención Internacional ratificada por Costa Rica y que se respete los procedimientos migratorios y de refugio para las personas que buscan protección internacional», enfatizó.
De igual manera, el abogado advirtió que el estado de emergencia nacional «puede poner en riesgo a aquellas personas nicaragüenses que se encuentran en situación de movilidad humana y que de una u otra manera no cuenta con el estatus de refugio sino que están en una situación de inseguridad migratoria».
Según datos monitoreados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, producto de la represión ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de abril de 2018 se ha generado el mayor éxodo en la historia del país. Entre abril 2018 y diciembre de 2022, al menos 462 mil 810 nicaragüenses se habían desplazado forzadamente fuera del país y en su mayoría solicitaron formalmente alguna categoría de protección internacional en Estados Unidos, Costa Rica, México y España.
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Para el caso de Costa Rica y México aplica la figura del refugio, en Estados Unidos y España el asilo político. «Esto no demerita que haya personas nicaragüenses que hayan solicitado refugio o asilo en otros países, como Argentina, Alemania, Holanda, entre otros», detalla un informe del Colectivo.
Por su parte, Danny Ramírez, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), subraya que la declaratoria de emergencia nacional del presidente Chaves «hace parte de las medidas autoritarias que viene demostrando el presidente de Costa Rica, se debe poner atención a ese tema “que violan los derechos humanos de de los migrantes en general».
El defensor resaltó que todo migrante a ser juzgado por el Estado (de Costa Rica) por una situación de irregularidad migratoria «tiene derecho a un proceso migratorio judicial previo y a que sus consulados de origen sean informados de que esas personas están en un proceso judicial de posible expulsión, es decir que Costa Rica no puede expulsar automáticamente a los migrantes porque viola, el derecho al debido proceso».
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«Migrar es un derecho humano inalienable, no se ponen discusión y los estados están en la obligación de recibir a los migrantes y que las leyes que establezcan para recibir a los migrantes no sean demasiado restrictivas y que una vez que estén dentro del territorio deben garantizar los mismos derechos que por la ley y por la Constitución de ese país le garantizan a sus ciudadanos», advirtió Ramírez.
Mientras Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, llama al presidente Chaves a que«en vez de tomar medidas con la gente vulnerable que tome iniciativas con los que realmente están echando de su país a estas personas (migrantes). “Que le diga a (Nicolás) Maduro (dictador de Venezuela) que con Costa Rica no se meta y arregle su país con reformas políticas reales. Que le diga al dictador (Daniel) Ortega que a Costa Rica no la van a intimidar con la migración, pero que tampoco lo intente un violador como Daniel Ortega y que el país (Costa Rica) sigue firme con la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y de los refugiados».
