La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Gobierno de Nicaragua cesar la persecución en contra de la Iglesia católica de Nicaragua y la liberación «de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad».
A través de un comunicado de prensa, con fecha del 15 de septiembre, la Comisión recordó que el ocho de septiembre, la justicia orteguista secuestró al sacerdote Osman José Amador, de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas en ese departamento, engrosando así la lista de religiosos detenidos.
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«—El sacerdote Amador— fue detenido mediante el uso de la fuerza por agentes del Estado. Hasta el momento, no se habría informado sobre los motivos de la detención, la situación jurídica ni el paradero del sacerdote», denunció el organismo.
Asimismo, enfatizó que hasta la fecha la dictadura orteguista mantiene cautivos a ocho sacerdotes, entre los que están monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, «quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo».
También mostró su preocupación por los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, quienes «estarían privados de la libertad y bajo investigación por su trabajo en Cáritas Estelí».
Persecución religiosa se agudiza
Por otra parte, la Comisión remarcó que desde el 2022 ha advertido que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose «en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático».
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Igualmente, señaló que existen hechos consistentes en la «detención arbitraria», encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes».
«En el mes de mayo de 2023, el Estado ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica por presuntos hechos ilícitos vinculados con lavado de activos y “traición a la patria”», añadió la CIDH.
La CIDH resaltó que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación. «Esto tiene particular importancia en un país con una mayoría de población que profesa la religión católica como Nicaragua, donde la política estatal para la supresión del espacio cívico ha resultado también en la afectación de la libertad religiosa de su población».
Pese al constante llamado de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos para que la dictadura de Daniel Ortega cese la represión en contra de la Iglesia católica, esta se ha agudizado, provocando más exilio, destierro y secuestros.