La Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo ejecutó el secuestro de al sacerdote de la Diócesis de Estelí Osman José Amador Guillén, de 36 años, la noche es este viernes 8 de septiembre, cuando fue sacado de la Catedral de esa ciudad para llevárselo con rumbo desconocido, según reportan fuentes cercanas a la iglesia.
De acuerdo con diferentes fuentes, un grupo de efectivos de la Dicción de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) irrumpieron en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, de Estelí a eso de las 10 de la noche y sin dar ninguna explicación se llevaron al religioso. Hasta ahora la Policía orteguista no ha oficializado la detención por lo que se mantiene en calidad de “desaparición forzosa”.
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La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que se ha dedicado a dar seguimiento y documentar la represión de la dictadura contra la Iglesia católica, dijo a Artículo 66, que fuentes ligadas a la Diócesis de Estelí le confirmaron que el padre Amador, en sus últimas homilías le había estado pidiendo a los feligreses que oraran por monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por la dictadura y condenado en un remedo de juicio a más de 26 años de cárcel.
Molina agregó que, según sus fuentes, en una de sus recientes homilías, el sacerdote secuestrado este viernes, luego de culminar el ritual gritó “¡Viva la iglesia católica! ¡Viva monseñor Álvarez,” por lo que la feligresía cree que fue el principal motivo por el que lo secuestraron.
Monseñor Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
El padre Amador fue el último director de Cáritas Diocesana, un ONG administrada por la Diócesis de Estelí para desarrollar sus programas de asistencia social y que fue cancelada por la dictadura y sometida a investigación, en medio de la cual también mantiene privados de libertad a los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, quienes están bajo arresto domiciliario en una dependencia de la Iglesia.
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El régimen de Ortega y Murillo, pese a que se autodefine cristiano, mantienen una guerra declarada contra la institución católica, al punto de haber expulsado al representante del Vaticano en Managua y haber “congeló” las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Además, los dictadores mantienen en la cárcel al obispo Álvarez; al sacerdote Manuel Salvador García, de la parroquia Jesús de Nazareno, en Nandaime, Granada; el sacerdote Leonardo Urbina, de la parroquia Perpetuo Socorro, en el departamento de Boaco; y el padre Jaime Iván Montesinos Sauceda, de la parroquia Juan Pablo Segundo, de Sébaco, Matagalpa.
Asimismo, ha cancelado y confiscado medios de comunicación católicos, ha expulsado monjas y sacerdotes y congeló las cuentas bancarias de varias diócesis afectando la pensión sacerdotal de varios religiosos ancianos.