La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandaron a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un comunicado conjunto, la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez, quien cumplió un año privado de su libertad.
En un comunicado, con fecha de este viernes,18 de agosto, las entidades internacionales condenaron las continuas violaciones a los derechos humanos, la falta de acceso a la atención médica, medicamentos esenciales y la incomunicación a al que es sometido el obispo de Matagalpa, desde que el pasado nueve de febrero fuera traslado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo».
Este 19 de agosto, se cumplirá un año del asalto a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde antimotines entraron por la fuerza para arrestar a monseñor Álvarez, quien permaneció junto a otros siete religiosos 15 días encerrado en ese recinto.
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En ese sentido, la OACNUDH y la CIDH señalaron que dicha detención fue efectuada «sin orden judicial», y el religioso fue puesto en condición de arresto domiciliar.
Subrayaron que «el 13 de diciembre de 2022, monseñor Álvarez fue presentado por primera vez, en los juzgados de Managua, donde fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense».
Asimismo, denunciaron que el nueve de febrero de este año, tras la negativa del prelado de abordar el avión para ser desterrado hacia Estados Unidos, junto a 222 exreos políticos; la justicia de Ortega lo condenó a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida.
Los organismos también indicaron que desde 2022, «han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión».
La OACNUDH y la CIDH además exhortaron a la administración de Ortega y Murillo a «abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad».
La dictadura de Nicaragua sostiene una guerra declarada contra la Iglesia católica. Ha clausurado medios de comunicación ligados a la institución religiosa, canceló personerías jurídicas a organizaciones de beneficencia de la Iglesia, ha encarcelado y desterrado sacerdotes, y acusó a varias diócesis de albergar una «red de lavado de dinero», tras lo cual bloqueó todas sus cuentas bancarias.
En medio de esa escalada represiva contra el cristianismo católico nicaragüense, Ortega ha acusado a la Iglesia de ser una «mafia». Los dictadores Ortega y Murillo mantienen un discurso anticlerical, en el que han tildado a los obispos y sacerdotes de ser «demonios con sotana» y los acusan de haber sido parte en el estallido social de 2018 que los tiranos califican de «intento fallido de golpe de Estado».