Estas son las noticias más importantes del ocho de septiembre de 2023

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió modificar la dirección del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) anulando el cargo de «director general» para nombrar dos «codirectores», como ya es costumbre en su administración, y de esa forma restó autoridad a Iván Francisco Lacayo Berríos, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director general y pasa a compartir ese puesto con una nueva codirectora.

Lacayo Berríos ocupaba el cargo de director general de esa institución hasta el viernes, ocho de septiembre, pero a partir de la fecha deberá compartir su cargo con María Eliette Esquivel Tinoco, graduada hace cuatro meses de una maestría en formulación de proyectos en la UNAN-Managua. 

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El régimen Ortega-Murillo acostumbra asignar cargos compartidos entre hombres y mujeres en las instituciones del Estado para dar la apariencia de equidad de género, sin embargo, en un reciente informe que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentará en el próximo 54 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos  (CDH) revela que en la realidad en Nicaragua se violan los derechos de las mujeres y las niñas.

A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la modificación del préstamo de 300 millones de dólares, destinado al programa multisectorial para la Reactivación Económica y la Protección Social (NIC-Solidaria).

Este oxigeno, la dictadura de Nicaragua lo recibió el cuatro diciembre de 2020, siendo uno de los jugosos préstamos que ha recibido de su mayor financiador de proyectos.

Según el acuerdo presidencial 180-2023, publicado en el diario La Gaceta, la modificación referida establece las validaciones requeridas a la supervisión externa del programa, cuyo organismo ejecutor es la Coordinación General de Programas y Proyectos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

También refiere que la certificación del acuerdo acreditará la representación del viceministro José Adrián Chavarría en la firma de la modificación al contrato de préstamo No. 2263 (Adendum 11).

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Según la administración orteguista, los términos y condiciones para modificación del préstamo han sido «previamente acordados entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)».

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo esta semana a medios de su país que está buscando un acuerdo con el Gobierno de Daniel Ortega para lograr que los habitantes de la comunidad conocida como El Raizal puedan faenar en las aguas próximas al archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Aún en medio de las controversias que se han formado por declaraciones del Gobierno colombiano y las respuestas virulentas de Nicaragua, Petro intenta insistir ante Ortega para conseguir el acuerdo de pesca para su población en el archipiélago caribeño.

«Hemos limitado la pesca en San Andrés y Providencia a los raizales de la isla. Nadie que no sea de El Raizal puede dedicarse a esa actividad en nuestro mar sanandresano. Es de ahora en adelante un derecho raizal. Espero extender esta norma a un acuerdo con Nicaragua», dijo Petro, según publicó este viernes la revista colombiana Semana.