El presidente colombiano Gustavo Petro dijo esta semana a medios de su país que está buscando un acuerdo con el Gobierno de Daniel Ortega para lograr que los habitantes de la comunidad conocida como El Raizal puedan faenar en las aguas próximas al archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Aun en medio de las controversias que se han formado por declaraciones del Gobierno colombiano y las respuestas virulentas de Nicaragua, Petro intenta insistir ante Ortega para conseguir el acuerdo de pesca para su población en el archipiélago caribeño.
«Hemos limitado la pesca en San Andrés y Providencia a los raizales de la isla. Nadie que no sea de El Raizal puede dedicarse a esa actividad en nuestro mar sanandresano. Es de ahora en adelante un derecho raizal. Espero extender esta norma a un acuerdo con Nicaragua», dijo Petro, según publicó este viernes la revista colombiana Semana.
La afirmación del mandatario de Colombia hace referencia a una resolución emitida por ese Gobierno que exigirá «tarjeta de residente» de las islas a todos los pesqueros de la zona. No obstante, el presidente colombiano quiere negociar con Ortega para darle su solución interna con el estatus de «acuerdo internacional de pesca» con Nicaragua.
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El Ministerio de Agricultura de ese país ya ha adelantado acuerdos con la población del archipiélago para normar la pesca en la zona.
Petro busca ese acuerdo pesquero con Managua luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el 13 de julio pasado reconoció la soberanía de Colombia sobre la plataforma continental extendida.

Recientemente se dio un altercado a nivel de cancillerías entre Colombia y Nicaragua luego que el Canciller del país suramericano condenara «vehementemente» la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
El Gobierno colombiano, que había mantenido silencio con respecto a la crisis política y social que vive Nicaragua, pero luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió su fallo sobre el litigio que mantenían los dos países, y en él ese país le ganó a Nicaragua, decidió romper con el silencio y reaccionó, a través de un comunicado de prensa de la Cancillería en la que condena la confiscación de la UCA.
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«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso», dice el comunicado oficial publicado en el sitio web oficial de la Cancillería colombiana.
El régimen Ortega-Murillo no se quedó callado y la Cancillería emitió una nota contestando con los términos ofensivos típicos de la vicedictadora Rosario Murillo.
Tras decir que Nicaragua no le reconoce ninguna autoridad a la Cancillería Colombiana, la nota de nicaragua dijo que «el servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos Imperiales, no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa, y el imperdonable despilfarro de la confianza y las esperanzas de un pueblo», refiriéndose al Gobierno aquel país.