La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un «estado de terror» en Nicaragua y ha aumentado a 89 la cantidad de presos políticos encarcelados arbitrariamente, entre ellos un adolecente, 16 mujeres y 11 personas mayores de 60 años, según reportó el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
En su más reciente informe, dado a conocer este sábado, 9 de septiembre, el Mecanismo señala que entre el primero y el 31 de agosto 2023, período que abarca el presente informe, se registraron 24 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, de las cuales cinco fueron liberadas y al menos 15 personas continúan encarceladas.
El reporte indica que para el mes de julio habían 78 presos políticos reconocidos por el mecanismo, de ellos ninguno ha sido liberado. A esa lista se le suman 11 personas que el Mecanismo reconoce como «detenidas por motivos políticos», llegando así a un total de 89 reos de conciencia, incluyendo a 10 personas que fueron encerradas antes de las protestas sociales de 2018.
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El informe destaca que, de las 24 detenciones arbitrarias registradas en el mes analizado, se conoció que al menos cinco fueron liberadas horas después y cuatro se han ingresado a la lista de reos de conciencia, quedando al menos 15 nicaragüenses detenidos que están en estudio y seguimiento. Once detenciones sucedieron en el departamento de Managua, cuatro en Masaya, tres en la Región Atónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y uno en Jinotega.
Estado de terror
Asimismo, el mecanismo denuncia que «la represión y persecución perpetradas por el gobierno están provocando la autocensura en la población debido al estado de terror y al temor de que se hagan efectivas las amenazas de detención en su contra».
Entre las arbitrariedades cometidas por la dictadura en contra de los encarcelados políticos que denuncia el Mecanismo en su informe señalan que, el Poder Judicial orteguista ahora emplea la modalidad de juicios, los que se celebran sin el traslado de la persona acusada al Complejo Judicial, realizando las audiencias a través de videoconferencias, sin la posibilidad de comunicación con el abogado defensor de su elección.
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Además, durante las audiencias de juicio se han identificado numerosas irregularidades y violaciones de los derechos fundamentales de las personas detenidas y el debido proceso. «Los juicios se han caracterizado por la incomunicación absoluta de los abogados defensores con sus defendidos, la denegación del acceso a los expedientes judiciales», refieren.
Adolescente encarcelado
El mecanismo denuncia que un adolescente de 16 años fue detenido en abril en el departamento de Jinotega y trasladado a Managua donde permaneció hasta dos meses en estado de «desaparición forzada» por ocultamiento de paradero, debido a que la policía nacional se negó a brindar información de su caso y la confirmación de su paradero a su familia. «Su caso está siendo tratado como un preso mayor de edad, pese a ser un adolescente», dice la organización que vigila la situación de los reos de conciencia.
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«Se hace un llamado especial a denunciar el injusto encarcelamiento del adolescente de 16 años, quien ha sido mal tratado y al que se le han violentado todos sus derechos al ser tratado como persona adulta. Estuvo dos meses sin comunicarse con su familia ya que la Policía no les informaba sobre su paradero», dice el documento.
Pésimas condiciones carcelarias
El informe denuncia que, de acuerdo con información ofrecida por los familiares de personas detenidas han conocido de las pésimas condiciones higiénicas en las celdas, la entrega incompleta de los productos de paquetería y la falta de atención médica oportuna y de calidad, así como la negativa de ingreso de medicinas.
Las condiciones de reclusión han provocado afectaciones inmediatas en la salud física y emocional de las personas detenidas. Se reporta un incremento de casos de personas presas políticas con problemas en la piel debido a la falta de higiene e insalubridad de las celdas, y la presencia de insectos, ratas y cucarachas. A ello se suma el impedimento de ingreso de medicamentos.