El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Cancillería de la República de Nicaragua, emitió el 19 de agosto una virulenta «nota de protesta» contra Colombia con términos nada diplomáticos, al mejor estilo de la vicedictadora. La comunicación llega en respuesta a un escrito emitido ayer mismo por el Gobierno de Gustavo Petro en el que se declara preocupado por la confiscación de la Universidad Centroamericana y (UCA) y «condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión»
La administración de Petro se convirtió en el primer país latinoamericano en condenar la confiscación de la casa de estudios superiores administrada por los jesuitas, y esa condena no le cayó nada bien a la dictadura de Nicaragua, que reaccionó con insultos y acusaciones.
La nota del Ministerio de Relaciones Públicas divulgada por todos los medios de la propaganda oficialista señala que «rechaza categóricamente la posición intervencionista, que nada tiene de fraternidad Nuestroamericana, expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados, por la Cancillería colombiana».
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El documento firmado por el canciller orteguista Denis Moncada expresa que «no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna» y aunque critica el injerencismo se arroga el derecho de recomendar al Estado Colombiano que mantenga «su mirada en sus propios problemas, que son enormes, y que afectan grandemente la vida y la indispensable convivencia ciudadana en su propio país”. Estos fueron los términos más suaves que utilizó Murillo para atacar a Colombia.
El régimen de Nicaragua llama al país suramericano «sufrida Colombia» y en medio de todas las ofensas vertidas en la nota, exige respeto y mandata al Gobierno de Petro que tenga «integridad, decencia y empeño en la defensa de los derechos de su pueblo, sobre todo el derecho a la vida».
Y lo dicen los gobernantes de Nicaragua que están siendo señalados de crímenes de lesa humanidad y son responsables de 355 asesinatos durante las protestas sociales de 2018, y además que han privado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüense, desterrado a más de 200 y decenas de miles obligados al exilio.
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Asimismo, los Ortega-Murillo tildan al Gobierno colombiano de servil, sometido a la «servidumbre» ante EE. UU., de corrupto, estafador y narcotraficante.
«El servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos Imperiales, no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa, y el imperdonable despilfarro de la confianza y las esperanzas de un pueblo», cierra su nota de Cancillería el régimen de Ortega y Murillo.