El número de presos políticos en Nicaragua llegó a 78 durante el último mes, de los cuales 12 son mujeres, 14 son personas de la tercera edad y 10 son opositores que sufren cárcel por segunda o más veces, a manos de la dictadura Ortega-Murillo, informó este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
En su más reciente informe, que analiza la situación de los reos de conciencia entre el 20 de junio y el 31 de julio, el Mecanismo señala que la cifra de personas detenidas por razones políticas en ese periodo creció en un 21% en comparación con el mes anterior que era de 64. Asimismo, indica que, en el tiempo analizado se registraron 5 detenciones por motivaciones de “persecución política”, de las cuales una persona continúa en cárcel.
El organismo destaca que en Nicaragua «continúa el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto» y en ese contexto se registró la captura de un sacerdote y al menos 10 personas pertenecientes a la feligresía o trabajadores de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la Iglesia católica.
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El documento resalta que se conoce de al menos 14 personas que son expresas políticas que han sido «capturadas y judicializadas nuevamente por motivos políticos».
Continúan aislamiento y tratos crueles
Asimismo, se informa de 15 opositores que sufren «reclusión diferenciada», es decir, están en aislamiento. Asimismo denuncian que los 14 reos de conciencia de la tercera edad «no están recibiendo el cuidado y seguimiento de salud necesario, lo que las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad». La mayoría de los reos están en la cárcel La Modelo; y las mujeres, en La Esperanza.
El mecanismo advierte que el número de reos de conciencia podría ser mayor y su condición dentro de las cárceles también podría ser más grave de lo que se ha logrado conocer, sin embargo, se enfrentan a la falta de información pública «como consecuencia del ambiente de represión y amenaza a partir del estado policial que vive Nicaragua».
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«El ambiente de represión ha instaurado un temor a presentar denuncias o divulgar información acerca de las personas detenidas, eso ha provocado que para el cierre del actual informe, unos 20 casos están “en estudio», intentando contactar con las familias lo cual dificulta la tarea de registro y reconocimiento como reos de conciencia.
El informe resalta que en general, ese temor a denunciar se debe a que la represión estatal también está dirigida a familiares de personas presas políticas, organizaciones y personas defensoras y espacios de activismo desde donde se defienden los derechos de los opositores encarcelados.
En febrero de este año, el régimen Ortega-Murillo excarceló a 222 opositores los desterró hacia EE.UU. Horas después también los despojó de su nacionalidad mediante un proceso jurídico inexistente. En ese momento quedaron en las cárceles de la dictadura 35 posesioneros de conciencia, menos de seis meses después, ortega ya duplicó esa cantidad.