A través de una conferencia de prensa, este viernes, 11 de agosto, siete organizaciones y movimientos estudiantiles de Nicaragua condenaron el congelamiento de las cuentas bancarias y la inmovilización de los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana (UCA), por parte del régimen de Daniel Ortega.
Los líderes universitarios, exiliados y desterrados políticos afirmaron que esta nueva arremetida es «una clara violación de los derechos fundamentales de los estudiantes y colaboradores, así como un intento de coartar la autonomía universitaria».
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Sin profundizar acerca de los motivos del congelamiento de las cuentas bancarias a la UCA, los activistas aseveraron que las «acciones infundadas» por parte de la dictadura nicaragüense se basan «en supuestas acusaciones de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, formando parte de una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas».
Recordaron, además, que la UCA —fundada en 1960— ha sido un bastión de la educación superior en el país, «promoviendo la excelencia académica, la libre expresión, la justicia social y el pensamiento crítico. Su invaluable contribución al desarrollo social, científico y cultural del país resulta innegable».
«Ortega intenta expropiar bienes de la UCA»
Para los jóvenes opositores, la decisión de Ortega de congelar las cuentas bancarias de la UCA y bloquear sus bienes, es un intento del régimen de expropiar y robar los bienes de esa alma mater, «constituyendo un ataque directo a la educación y a la libertad académica (…) poniendo en riesgo la continuidad de proyectos, investigaciones y programas que benefician a toda la comunidad universitaria y a la sociedad nicaragüense en general».
A la vez recordaron que hasta la fecha el orteguismo ha expropiado 26 universidades privadas en todo el país, «dejando a más de 37 mil estudiantes en el limbo académico. Además, han cometido el grave delito de establecer, como resultado de esas expropiaciones, cuatro universidades sandinistas».
«Eso significa que la dictadura decide quién puede acceder a la educación superior, quiénes serán las autoridades, cuál será nuestro plan de estudios académico, quiénes pueden ser nuestros profesores y, además, seguir utilizando el 6% constitucional para perseguir a los jóvenes», enfatizaron.
Los líderes estudiantiles coincidieron que la eventual confiscación de la UCA tendría «consecuencias catastróficas» en términos académicos y humanitarios, «ya que provocaría una fuga de conocimiento y talento que, una vez más, empobrecería el futuro de Nicaragua».
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Por su parte, el exreo político y líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) Max Jerez refirió que con la acción contra la UCA, Daniel Ortega intenta «cerrar todos los espacios y busca el adoctrinamiento y sometimiento del estudiantado porque creen que los jóvenes son una amenaza».
«—La dictadura— sabe que los jóvenes fueron y son quienes, desde las universidades, iniciaron la insurrección popular de abril del 2018 y lo que tratan es de cerrar cualquier posibilidad para que los estudiantes puedan rebelarse contra su régimen».
Mientras que para el exreo político Lesther Alemán este nuevo ataque a la UCA «está en manos de desquiciados que le temen al pensamiento y para Rosario Murillo, la UCA es y será una amenaza porque permanece como el centro de pensamiento y da criterio a los chavalos y chavalas con la capacidad de poder transformar un país.
Ante esta acción, que califican de represiva, los opositores llamaron a la comunidad internacional, a los defensores de los derechos humanos y a la Compañía de Jesús a nivel global «a mostrar su solidaridad y a unirse en la defensa de la UCA y la educación superior en Nicaragua».
A sus 62 años de existencia, la UCA ha sobrevivido a dos dictaduras —la de Somoza y a la de Ortega—. Pese a la violencia, represión y persecución política y la exclusión de la partida presupuestaria del 6% constitucional para la educación superior, el campus universitario se ha mantenido firme a sus valores jesuitas.
