El papa Francisco y el Estado Vaticano continuarán «tratando de negociar» con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para lograr la excarcelación del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, que este 4 de agosto cumple un año de estar secuestrado en las cárceles de la dictadura, por una condena de más de 26 años de prisión ordenada por la justicia orteguista.
En una entrevista concedida a la revista española Nueva Vida, al ser consultado sobre la situación de Nicaragua, el sumo pontífice dijo escuetamente: «Seguimos, estamos tratando de negociar», refiriéndose a los esfuerzos que realizan por llegar a un entendimiento con la dictadura Ortega-Murillo para que libere al obispo encarcelado desde hace un año.
Asimismo, el máximo jerarca de la Iglesia católica confirmó que, efectivamente, le pidió al mandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva, amigo personal y socio político de Ortega, que intercediera para convencer al dictador nicaragüense que libere a monseñor Álvarez.
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«Sí, se lo pedí», dijo, igual de escueto, Francisco cuando le consultaron por esa solicitud al jefe de estado basileño.
Lula da Silva declaró, el pasado 22 de junio, durante una visita oficial a Roma y tras reunirse con el pontífice, que intentaría convencer a Ortega para que excarcele al obispo Álvarez, sin embargo, advirtió que sería una tarea de mucha paciencia.
«Yo hablaré con Ortega para que le puedan dar la libertad, porque es necesario aprender a pedir perdón y reconocer este error», dijo Lula, en Roma.
En febrero de este año, el Gobierno de Ortega excarceló, desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, que fueron enviados a EE.UU. El obispo matagalpino estaba en la lista pero, según confirmó el propio dictador Ortega, se negó a abordar al avión que lo llevaría al destierro.
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La dictadura de Nicaragua sostiene una guerra declarada contra la Iglesia católica. Ha clausurado medios de comunicación ligados a la institución religiosa, canceló personerías jurídicas a organizaciones de beneficencia de la iglesia, ha encarcelado y desterrado sacerdotes, y acusó a varias diócesis de albergar una «red de lavado de dinero», tras lo cual bloqueó todas sus cuentas bancarias.
En medio de esa escalada represiva contra el cristianismo católico nicaragüense, Ortega ha acusado a la Iglesia de ser una «mafia», de antidemocrática. Los dictadores Ortega y Murillo mantienen un discurso anticlerical, en el que han tildado a los obispos y sacerdotes de ser «demonios con sotana» y los acusan de haber sido parte en el estallido social de 2018 que los tiranos califican de «intento de golpe de Estado».