El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reabrió con nueva fachada las gasolineras que pertenecieron a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP-Petronic), que fueron cerradas tras las sanciones de Estados Unidos al negocio de los hidrocarburos manejado por la familia dictatorial. De paso, el Estado las premió con contratos estatales que sobrepasan los 88 millones de córdobas, según reveló una investigación del medio de comunicación Confidencial.
Según la publicación, la dictadura ha reactivado bajo la figura de “bandera blanca” gasolineras en Managua y varios departamentos del interior del país que permanecían clausuradas desde marzo de 2020.
Las estaciones de servicio empezaron a ser reactivadas desde abril del año pasado, entre las que destacan, en la capital, Larreynaga, Lozelsa y Las Mercedes, además de La Bolívar y Villa Fontana. Pero también han reabierto las gasolineras DNP-Petronic de Jinotepe, en Carazo; Diriá, Granada; Masatepe, Masaya; y Chinandega, así como la gasolinera de Las Colinas, que reinició operaciones en la tercera semana de julio de este año.
Noticia relacionada: Los testaferros de Ortega en el millonario negocio del combustible
Pese a que la estrategia del régimen es tratar de desvincular esas gasolineras de la sancionada DNP, borrándoles marcas comerciales y cambiando nombres, según verificó Confidencial, lucen generalmente vacías. Además, solo aceptan pagos en efectivo y rechazan las tarjetas de débito o crédito, para así evadir las prohibiciones de transacciones bancarias que acarrean las sanciones estadounidenses a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic).
Contratos estatales millonarios
El trabajo realizado por Confidencial constató, mediante una revisión de contratos a través del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), que varias de las gasolineras reactivadas obtuvieron contratos del Estado por más de 88 millones de córdobas.
Solo la empresa Petrocard recibió unos 78.92 millones de córdobas. La empresa es administrada por Violeta del Carmen Nicaragua López, una abogada que además es la principal accionista y ya ha estado relacionada con empresas ligadas a la familia Ortega-Murillo, como socia de Canal 4 y Petróleos Latinoamericanos (Petrolat), según estableció la investigación de Confidencial.
Noticia relacionada: La metamorfosis del negocio petrolero en Nicaragua
Además, en Petrocard trabaja personal que antes perteneció a Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), que fue sancionada por el Gobierno de EE.UU.
Entre enero de 2022 y julio del presente año, por lo menos 17 instituciones estatales han beneficiado con 35 contratos de compras de combustibles, por un monto que alcanza los 88.2 millones de córdobas, a tres empresas que administran varias gasolineras en la capital que operaban bajo la marca DNP-Petronic, según se constató en el análisis realizado por el medio de comunicación con realizó la investigación.
De esa manera, la familia dictatorial está burlando las sanciones de Estados Unidos aplicadas al negocio de los hidrocarburos que manejan los Ortega-Murillo.
