En La Gaceta 143 del 4 de agosto de 2020, el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) publicó la adjudicación de una contratación simplificada de 13.1 millones de córdobas a la empresa Smart Fleet Cards Solutions, inscrita en 2017 por empleados de la familia presidencial y de Albanisa, para burlar sanciones de Estados Unidos y seguir en el lucrativo negocio de la venta de combustible al Estado, según una investigación periodística de Artículo 66.
La representante legal y socia mayoritaria de Smart Fleet Cards Solutions con el 70% de las acciones es Violeta del Carmen Nicaragua López quien también aparece como socia de Informativos de Televisión y Radio (Intrasa), una de las sociedades con las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) administra el Canal 4 de televisión que dirigen dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según documentos del registro público revisados para esta investigación.
Nicaragua López está inscrita en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) como empleada de Petróleos Latinoamericanos (Petrolat), una empresa que tenía unos tanques para almacenar combustibles en Corinto y que, en 2009, pasó a manos de la Caja Rural Nacional, la cooperativa con la cual la familia presidencial privatizó la cooperación venezolana.
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Los otros socios de Smart Fleet Cards Solutions son, con el 15 por ciento de acciones cada uno, Sandra Lorena Larios Fonseca, registrada en el Inss como empleada en Alba Generación, una empresa del conglomerado de Albanisa y Alejandro Tifer Ballesteros, empleado de Comercializadora Panamericana, mejor conocida como Copasa, una empresa donde se ha desempeñado como abogado José María Enríquez Moncada, quien aparece en decenas de negocios y empresas de los hijos de Ortega y Murillo.
“Se adjudica la contratación simplificada número 06-2020, Adquisición de Combustible para la Flota Vehícular de Inatec Central y Centros Tecnológicos al oferente Smart Fleet Cards Solutions, S.A, por la suma de C$13,158,082.26”, dice la resolución administrativa 22-2020 firmada por la directora de Inatec, Loyda Barreda en La Gaceta.
La oficina de prensa de Inatec, ni los socios de Smart Fleet Cards Solutions contestaron a mensajes enviados a sus celulares para conocer su versión.
Smart Fleet Cards Solutions fue inscrita en el Registro Público en febrero de 2017, pero su participación en la venta de combustibles comenzó a raíz de las sanciones de Estados Unidos en diciembre de 2019 a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) y a Inversiones Zanzíbar, dos empresas manejadas también por empleados de Ortega y Murillo, que vendían combustibles al público y a las instituciones del Estado.
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El plan para apoderarse de todo
En julio de 2008, mientras el Estado de Nicaragua estaba en una controversia con la empresa suiza Glencore, que manejaba a través de un arriendo firmado en 1999 la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos en 61 gasolineras propiedad de la estatal Petronic, tres empleados de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, firmaron el acta constitutiva de Inversiones Zanzíbar, una empresa que un año después sería la heredera de un prometedor negocio de combustibles y de la que los nicaragüenses oirían hablar mucho en los años siguientes.
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Los socios fundadores de Inversiones Zanzíbar fueron María López Martínez con el 50% de las acciones; Paula de los Ángeles Aguilar y Yessenia María Enríquez Guido con 25% de las acciones cada una. Las tres son empleadas de empresas controladas por Ortega Murillo en el rubro de los combustibles, según documentos públicos en poder de Artículo 66.
Enríquez Guido es familiar de Enríquez Moncada, el abogado de la familia presidencial en decenas de negocios, y aparece también como empleada de Smart Fleet Cards Solutions.
López Martínez, en tanto, es empleada, según registros del Inss, de Petróleos de Centroamérica (Petrocen), otra de las empresas de testaferros de la familia presidencial en el negocio de los combustibles.
Las sanciones
Zanzíbar fue sancionada en diciembre de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a El Goliat y la DNP, las tres empresas manejadas por Ortega Murillo, señalaron los funcionarios estadounidenses cuando las sancionaron.
Ortega Murillo utiliza Zanzíbar para “ocultar las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo… y para adquirir estaciones de combustibles utilizadas para evitar sanciones contra el régimen”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Las autoridades estadounidenses indicaron que Ortega Murillo, comenzó a inicios de 2019 a comprar gasolineras a nombre de otras personas para diversificar un negocio para el cual ya miraba venir sanciones.
Hasta el momento en que fue sancionada, Zanzíbar manejaba 28 gasolineras en todo el país. Pero la verdad es que el acaparamiento de estaciones de servicios, una parte menor del gran negocio de los hidrocarburos, comenzó mucho antes: heredando en un oscuro negocio las estaciones que tenía Glencore arrendadas y otras más´, obtenidas a través de concesiones entregadas por el Estado a sus testaferros.
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La puerta abierta para el negocio entre privados
En enero de 2007, unos días después de que Ortega asumiera su segundo mandato no consecutivo (había gobernado el país en los ochenta), el gobierno suscribió el “Acuerdo Petrocaribe”, para que Nicaragua obtuviera de Venezuela petróleo y sus derivados a precios preferenciales y con facilidades de pago.
El artículo 4 precisaba que para ejecutar el arreglo estarían los Ministerios de Energía, aunque también podían delegar el cumplimiento de los acuerdos en ciertas empresas estatales.
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Pero el artículo posteriormente, en 2008, fue modificado para que entraran en juego empresas privadas. Era el turno de Zanzíbar y la DNP.
Pero antes, había que “recuperar” los activos de Petronic que estaban arrendados a Glencore para que el negocio no tuviera obstáculos.
“Aprovechando algunos vacíos legales y la excusa de retornar bienes públicos a control estatal por parte del sandinismo, en el mes de mayo 2007, el gobierno entabla negociaciones con la empresa extranjera para dividir las operaciones en dos, siempre respetando la misma. Logra comprar una parte de la licencia que Glencore poseía, y tiene como resultado que el Estado, a través de Petronic y dirigida por José Francisco López, tendría a cargo las operaciones de importación de petróleo y combustibles”, dice un documento distribuido entre empresarios sobre los negocios con la cooperación venezolana en Nicaragua.
Con Petronic de vuelta en el negocio de la importación de combustibles provenientes de Venezuela, surge la DNP que estaría a cargo de la distribución de productos importados por Petronic.
Pero la concesión que tenía Glencore de Petronic venció en 2010 y la DNP, recibió todos los activos que tenía arrendados al Estado, en una transacción turbia que nunca se aclaró: la DNP recibió 61 gasolineras y tanques para almacenar 280 mil barriles de combustibles.
También recibió en ese mismo paquete a Petrolat, la empresa empleadora de Violeta del Carmen Nicaragua López, la socia mayoritaria de Smart Fleet Card Solutions, la compañía con la que la familia presidencial pretende escaparse de las sanciones de Estados Unidos.
“Sin embargo, en el mes de septiembre de 2009, se conoció que Petronic adquiere los activos a través de un préstamo de ALBA-Caruna por 62 millones de dólares”, advierte el documento que circuló entre un grupo de empresarios.
“Quien le compra a Petronic los activos que estaban arrendados por Glencore es la cooperativa ligada también al ALBA, Caja Rural Nacional (Caruna)”, advierte el documento. “Posteriormente esta financiera endosa las acciones a la DNP”, destaca.
Para quedarse con todos los bienes de Glencore, empleados de la familia presidencial como José María Enríquez Moncada, José Mojica Mejía, entre otros, crearon tres empresas: DNP Internacional, S.A; DNP Internacional de Nicaragua y Nica Petrol, S.A, revelaron investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial.
La DNP heredó 69 gasolineras que vendían combustibles de la marca Petronic. Según datos oficiales la DNP distribuía y vendía, antes de las sanciones de Estados Unidos, el 39 por ciento de la gasolina y diésel que se consumía en Nicaragua entre su red de estaciones y buena parte de las 104 gasolineras de “bandera blanca” (que no tienen marca y compran al que les de mejores opciones) que existen en Nicaragua.
Pero el 60% de las ventas de la DNP, calculadas en 20 millones de dólares al mes, las hacía a instituciones del Estado o empresas privadas. Ese es el negocio que quiere salvar la DNP con Smart Fleet Cards Solutions.
Otras empresas
En 2011 María López Martínez y Paula de los Ángeles Aguilar, socias también de Inversiones Zanzíbar, fundaron junto a Teresa Cortes Martínez, Petróleos de Centroamérica (Petrocen) para administrar gasolineras. Las tres son empleadas en empresas que manejan los hijos de Ortega y Murillo.
Cuando la familia presidencial sospechó que se avecinaban sanciones de Estados Unidos, Petrocen comenzó a administrar varias estaciones y a suplir de combustibles a gasolineras de “bandera blanca”.
Pero cuando Zanzíbar fue sancionada junto a la DNP, también Petrocen salió del negocio.
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Excelente investigación
Los mismos delincuentes. El gobierno de Nicaragua